La Inspección Educativa reconoce en su informe sobre los recursos existentes para atender al alumnado más vulnerable de Ceuta que “los puestos que se aportan por los distintos Planes de Empleo nunca deben tener carácter estructural, ni los docentes ni los laborales”, pero advierte a los sindicatos que a ellos les compete “velar por el estricto cumplimiento de la norma vigente”.

También advierte que “si se consolidaran todas las plazas anuales que se aportan desde esos programas se entraría en un bucle infinito”. Su propuesta pasa por “que se tenga en cuenta, si se modificara la normativa que regula la atención a la diversidad a raíz de la LOMLOE, la utilización de parámetros objetivos como ratio de alumnado atendido por número de especialistas o cualquier otro parámetro que pueda objetivar la necesidad de estos recursos como plaza estructural”.

Igualmente atribuye a “la apertura de dos nuevas aulas específicas TEA y de tres de Educación Especial”, un "hecho sin precedentes” en la ciudad, tanto el que se haya producido un incremento de 10 especialistas de PT y AL como que se haya "generado una necesidad de plazas estructurales de ‘cuidadores’ en todos los colegios que ha podido generar descontentos entre las familias afectadas, ya que la contratación de personal laboral no se produce con la agilidad del docente, hecho que se ha minimizado con los Planes de Empleo a la espera de consolidar estas plazas por parte del MEFP”.

En relación con la situación en el CEE San Antonio, susceptible de llegar a los Tribunales, “no se ajusta a la realidad la lectura de que no podía funcionar sin los recursos del Plan de Empleo” de la Ciudad, que aportó un total de 17 cuidadores a la espera de que el de la Delegación haga lo propio con otros 23.

La Inspección opina que “sin los condicionantes que impone la pandemia, con los 14 oficiales de actividades específicas pertenecientes a la plantilla se podría atender a lo establecido en la normativa, ya que el número de alumnos asignados a las unidades (menor de 6 en algunos casos), permitiría repartir el recurso entre varias unidades”.

El informe destaca, de hecho, que "“todos los estamentos en los que se toman decisiones han sido especialmente sensibles con la vulnerabilidad que presenta este alumnado y se ha seguido el principio de equidad, aportando más recursos allá donde esté el alumnado que más lo necesita”.