La Confederación Sindical CCOO ha exigido este viernes la dimisión del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por ser "el responsable último de las prácticas aberrantes realizadas por funcionarios a su cargo". Asimismo, el sindicato pide "una revisión de los procedimientos a fin de garantizar desde la perspectiva del respeto a los derechos de las personas que se ajustan a la legalidad, así como que los funcionarios intervinientes conozcan de manera clara sus obligaciones y responsabilidades, evitando actuaciones irregulares o arbitrarias".

"Hoy", ha lamentado el sindicato, "hemos conocido una nueva y trágica catástrofe en las costas italianas donde centenares de personas pueden haber perdido la vida, mientras que las Administraciones comunitaria e italiana siguen mirando para otro lado, restringiendo los programas y los medios preventivos adecuados para gestionara dichos flujos desde un enfoque humanitario que garantice la protección de las personas".

Además, en "un hecho sin precedentes", 16 guardias civiles han sido citados esta semana a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta por un presunto delito de homicidio imprudente respecto a la trágica muerte, hace justo un año, de 15 personas en aguas fronterizas del Tarajal.

"Ello nos hace visible la respuesta de una Administración como la española que sólo valora la cuestión migratoria como de orden público que únicamente merece una respuesta represiva de carácter policial y donde lamentablemente el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales, entre ellos, el derecho a la integridad y el derecho a la dignidad de las personas, no son garantizados", ha criticado la central.

Para CCOO resulta "sorprendente y clamoroso" el silencio del Gobierno al respecto y la ausencia de responsabilidades ante un hecho de tamaña entidad.

"Actuaciones como las de dar instrucciones para que los guardias civiles lanzaran bolas de goma sobre personas en situación de riesgo sin prever las consecuencias o las infamantes y mal llamadas 'devoluciones en caliente' que otro Juzgado está investigando, que suponen actuaciones prevaricadoras toda vez que vulneran la normativa reguladora sobre las actuaciones administrativas en frontera por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado afectando incluso al derecho de asilo, deben ser rechazadas publica e institucionalmente con todo el peso y la rotundidad del Estado de Derecho", ha reclamado.

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