El secretario general de la Sección Sindical Intercentros de CCOO en la ONCE, Roberto Abenia, ha pedido este martes en Ceuta a los partidos políticos que reclamen que se someta a esta entidad de Derecho Público a la Ley de Transparencia para que se hagan públicas las retribuciones de sus directivos, que según ha denunciado muestran una “cara social” ante la ciudadanía mientras en sus relaciones laborales se comportan “como una empresa privada”.

En rueda de prensa, el sindicalista ha criticado por “injustificado” el cierre de centros en ciudades como Teruel, Zamora, Ávila o Soria, política con la que la organización “que debería dar un servicio especial a sus afiliados carga de nuevo sobre las espaldas de la Administración esas prestaciones a pesar de que disfruta de exenciones fiscales por más de 75 millones de euros al año”.

“En la ONCE ni siquiera sabemos qué cobran los directivos que expedientan a los vendedores que reciben un salario medio de 1.250 euros netos mensuales por no llegar a los objetivos de ventas establecidos en el Convenio de 210 euros diarios sin tener en cuenta la situación económica y los millones de familias que no tienen trabajo ni ingreso alguno”, ha lamentado Abenia, que ha asegurado que la entidad permite a sus vendedores a media jornada trabajar “más de ocho horas diarias” e incluso “en vacaciones y durante incapacidades temporales”.

Según el comisionista, el saldo contable de la ONCE al final de cada ejercicio sigue siendo “positivo” después de impuestos “pero utiliza el 3% que debe destinar a distintas fundaciones para presentar un resultado contable negativo que nos mantiene congelados los salarios este año y presumiblemente los tres siguientes”.

A juicio de CCOO ni el cierre de centros ni el despido de cerca de treinta profesionales del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la ONCE está “justificado”, máxime cuando “en algunos casos se trata de personas con 55 o más años para los que solamente hemos podido conseguir mejores indemnizaciones”.

"Salarios de subsistencia"

Abentia entiende que la Administración debería obligar a la ONCE a “revertir en sus trabajadores, sobre todo en el 81% que tiene algún tipo de discapacidad, sus beneficios”. “Aunque a veces pueda parecerlo”, ha distinguido, “la organización no solamente se dedica a la venta de cupones, cuya caída ha traducido en una doble escala salarial inaceptable, el cierre de centros, expedientes por baja rentabilidad y despidos, sino también a la prestación de unos servicios que no puede hacer recaer de nuevo sobre el sector público, del que recibe muchas facilidades en forma de bonificaciones y exenciones”.

La ONCE cuenta actualmente en Ceuta con una plantilla de 30 vendedores, “un 40% menos que hace 3 ó 4 años”. Sus retribuciones medias ascienden a 999,6 euros mensuales si tienen contrato a jornada completa y han superado los tres primeros años de aprendizaje (durante los que se cobra un 30% menos). Los sueldos se completan con una parte variable que, a partir de ventas por encima de 210 euros al día, arrancan de un primer tramo del 2,5% de comisión. “Hablamos”, ha advertido, “de salarios de subsistencia en una entidad que presume de tener un Plan de Igualdad pero a la que el propio Ministerio de Sanidad ha negado recientemente el distintivo de ejemplaridad en ese ámbito”.

Comisiones Obreras reclama que cuanto menos se dé “participación” y “opinión” a los representantes de los trabajadores en las políticas de ajuste que se acometen en materia de relaciones laborales “para poder, entre todos, plantear sugerencias y soluciones con el fin de que las cosas cambien”.