El Gobierno ya tiene los datos de todas las autonomías, excepto Aragón, y ha reunido a la Comisión Interministerial para avanzar en el reparto solidario de los menores entre todas las regiones
El Gobierno de la Ciudad ya ha remitido al Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige, Sira Regó, la cifra de menores migrantes que acogió durante el año 2024, una cifra que ha asciende a 867 menores, según ha declarado el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, este mismo martes. Ceuta lo ha hecho al igual que todas las autonomías, excepto Aragón, que tenían hasta este lunes de plazo para facilitar la cifra de los menores que tienen acogidos así como los recursos disponibles.
Así, este mismo martes, con el plazo ya cerrado y con todos los datos, a falta de los de Aragón, el Gobierno de la Nación ha reunido a la Comisión Interministerial de Inmigración, que preside el responsable de Política Territorial, Ángel Victor Torres y en la que están implicados también además del ministerio de Regó, la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el de Interior, Fernando Grande Marlaska, el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la de Incusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y el de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
En los datos que han trascendido públicamente llaman la atención además de la no aportación por parte de Aragón de las cifras referidas, la de Baleares que ha cifrado en una sobre ocupación del mil por ciento sus plazas disponibles.
La Comisión Interministerial de Inmigración tiene previsto volver a reunirse el próximo martes ya con los datos aportados por las diferentes autonomías estudiados y avanzar en el desarrollo del Real Decreto Ley de medidas urgentes ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. La idea es comenzar a dar respuesta a la disposición adicional de ese Real Decreto y comenzar a articular medidas de solidaridad, esto es, el traslado de menores desde las autonomías que mayor saturación de sus recursos presenten a otras en donde queden plazas disponibles, siempre con el objetivo de garantizar los derechos de los menores y su protección. Eso en la práctica debería solucionar la situación al límite que viene arrastrando Ceuta en los últimos años, así como Canarias.
En ese sentido, de nuevo el portavoz del Ejecutivo de la Ciudad, Alejandro Ramírez, este martes ha vuelto a hacer explícito el apoyo del Gobierno de la Ciudad y del Grupo Parlamentario Popular en Ceuta al Real Decreto. Ramírez además de esperar que el Real Decreto “se pueda aplicar lo antes posible”, ha insistido en su posición favorable al Real Decreto.
No es ninguna cosa menor ese apoyo, dado que el Real Decreto tendrá que convalidarse el próximo 10 de abril en el Congreso de los Diputados y ahí, dada la compleja articulación de mayorías de esta legislatura, el Gobierno Central no tiene garantizados los votos necesarios para sacar adelante la convalidación.
Desde el Gobierno de la Ciudad se niega haber tenido contactos con el PP nacional que aclaren cuál será la postura del Grupo Parlamentario que dirige Alberto Núñez Feijóo. Pero la posición en Ceuta es claramente a favor del texto que entiende Ramírez “soluciona en gran medida, por no decir de forma definitiva, la problemática de los menores en la ciudad, tanto por el propio traslado como en lo referente al impacto económico en los presupuestos de la Ciudad”. Este pronunciamiento, habitual casi cada semana, puede llegar a poner en un brete al diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, que en caso de que los de Feijóo dicten voto en contra del Real Decreto, tendrá que elegir entre acatar la disciplina de su grupo o ceñirse a los intereses de Ceuta marcados por su propio partido en la ciudad.
Respecto a la situación más agónica que vive Canarias, el Gobierno de la Nación, a través de esa comisión interministerial ha puntualizado que tiene intención de cumplir con lo dictado por el Tribunal Supremo que le ha ordenado hacerse cargo de la tutela de varios centenares de menores acogidos por Canarias y que han solicitado asilo.
