Un docente marroquí en Castillejos pide asilo político en la ciudad autónoma


Un docente marroquí en Castillejos pide asilo político en la ciudad autónoma

- Mounir B. J., profesor de francés en la escuela Ibn Baaja de la vecina localidad marroquí, ha formulado su petición a mediados de diciembre

- Al solicitante de protección "no se le  conoce actividad política de relevancia" en el país vecino, según fuentes de la comunidad educativa de Fnideq

Un profesor de francés que ejerce en una escuela de Castillejos cuya identidad responde a las iniciales Mounir B. J. ha formalizado una solicitud de asilo político en la ciudad autónoma de Ceuta y desde hace dos semanas espera en el CETI la resolución del correspondiente expediente abierto, según han confirmado fuentes oficiales a Ceutaldia.com.

El docente, han precisado integrantes del sector educativo de la vecina localidad marroquí, imparte ese idioma en tercer curso de la escuela Ibn Baaja y “no se le conoce actividad política de relevancia”.

Mounir B. J. realizó su petición de asilo político de forma individual y sin recurrir al asesoramiento de las entidades que habitualmente apoyan a las personas que siguen este mismo paso, como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), han corroborado fuentes cercanas a estas organizaciones no gubernamentales.

La inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares que entra en la ciudad autónoma y piden protección internacional lo hacen en sede policial al ser filiados, aunque la tramitación corresponde a la Oficina de Extranjeros, que la remite directamente a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que dispone de tres meses de plazo para estudiar el caso y emitir una propuesta de admisión o no del requerimiento.

La OAR está facultada para recabar, tanto de los órganos de la Administración como de cualesquiera otras entidades, cuantos informes estime convenientes. Inmediatamente antes de redactar su propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en el plazo de diez días, puedan alegar y presentar los argumentos que estimen oportunos.

Finalmente decide el Ministerio del Interior, contra cuya posición se puede interponer recurso por la vía judicial.

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