El Gobierno de Ceuta recibe este miércoles al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que llega a la ciudad a verse con su homólogo, Juan Vivas, con la intención de cerrar una hoja de ruta en común sobre el tema de los menores extranjeros que está afectando a ambas autonomías sobre manera. En las últimas horas, el Gobierno de Canarias ha lanzado un pulso al Gobierno de la Nación por dos vías, anunciando la interposición de acciones judiciales por la atención a los menores contra el Gobierno Central y dando por hecho que las competencias en su atención son de Moncloa y no de las Islas. A este último punto se ha referido este martes el portavoz del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, para señalar que por esa vía será difícil la hoja de ruta en común: “La cuestión de trasladar competencias no es lo que nos urge a día de hoy", ha aclarado Ramírez.
Aunque eso sí ha dejado claro que Ceuta aún no “ha analizado la postura de Canarias” sobe este asunto. La postura del Gobierno de la Ciudad sigue pasando por “llegar a un consenso y un acuerdo con el Gobierno y las Autonomías para llegar a una solución para esta problemática”.
Y esa solución pasa por que todo el mundo asuma que se trata de “una cuestión de estado” y por tanto requiere de una consenso y un compromiso de todos, gobierno central y autonomías. Aunque hasta ahora esa solución ha fracasado en parte por la negativa auspiciada desde la Ejecutiva Nacional del Partido Popular de Núñez Feijoó a su vez impulsada por la postura de algunos de sus barones que no parecen dispuestos a abrir las puertas de sus centros de acogida para descongestionar los de Ceuta y Canarias.
Para Ramírez la solución sigue pasando por la postura ya reivindicada por Vivas en reiteradas ocasiones: financiación por un lado para garantizar los recursos a las autonomías y facilidad para que sea posible trasladar a los menores de una región a otra en función de la disponibilidad de plazas. Se trata de “buscar una solución inmediata. El Gobierno lleva buscando alcanzar un acuerdo que exprese la solidaridad de todos a una problemática que es conjunta y debe ser dirigida por el Estado y con la participación de todas las autonomías”, ha resumido Ramírez.
