El pasado 29 de julio, la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ponía punto final a una injusticia que ha traído de cabeza a los inmigrantes que pedían asilo en Ceuta y Melilla, sentenciando que los solicitantes de protección internacional eran libres de moverse por territorio nacional y no estaban confinados en las ciudades autónomas, como venía haciendo hasta ahora, con el sello de “válido solo en Ceuta” que lucía la tarjeta roja de asilado, vulnerando un derecho fundamental.

Ese sello, que imponía el MInisterio del Interior desde hace años contra todos los pronunciamientos judiciales en contra conseguidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), no tiene ya validez alguna. Con su solicitud de asilo admitida a trámite en la mano, cualquier refugiado tiene derecho a la libre circulación por España. Un derecho que, en teoría, debería ser efectivo ya. Pero en la práctica parece que está resultando un poco más complejo. Más de dos semanas después la sentencia sigue sin ejecutarse en la práctica.

“La sentencia es firme por lo que es efectiva desde el momento en que se dicta”, recuerdan desde CEAR. Aún así, 16 días después, desde la Jefatura Superior de Policía, que es quien debe autorizar la salida, explican que están a la espera de instrucciones del Ministerio de Interior. “Los organismos centrales están estudiando como aplicar la sentencia”, alegan.

Una espera, acompañada de cierta incertidumbre, que tiene de los nervios los solicitantes de asilo residentes en el Centro de Estancia de Inmigrantes. Tras muchas decepciones, su salida está cada vez más cerca pero, de momento, no tienen información alguna ni de fechas, ni de procedimiento. “A nosotros todavía no nos han dicho nada, lo único que estamos esperando es saber cómo vamos a salir y cómo va a ser el tramite, pero no sabemos nada, dicen que el 17 de agosto, porque en España las sentencias se aplican a los 20 días y se podrá salir sin autorización de la Policía, pero no estamos seguros de la información”, reconoce una solicitante de asilo, esperanzada pero confusa sobre su futuro inmediato y sin información oficial y fiable.

De momento al menos parece que tendrán que esperar. El Ministerio del Interior se está tomando su tiempo para preparar el protocolo que se deberá aplicar desde ahora, mientras se agilizan las salidas de los afectados por la sentencia albergados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. 

Para CEAR, entidad litigante, es un gran momento tras casi 30 peleando en los juzgados contra la ilegalidad de retener a los solicitante de asilo en ambas ciudades autónomas. Tras numerosas sentencias a favor, el Tribunal Supremo ha reconocido por fin el derecho de un solicitante de asilo a ser trasladado a la península. “Desde CEAR celebramos una decisión que va a impactar positivamente en la vida de miles de personas que, en muchas ocasiones, quedaban atrapados durante meses e incluso años en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, viéndose privados de muchos derechos que les corresponden por su condición de solicitantes de asilo”,  señalaba Estrella Galán, directora general de CEAR.