La plantilla de la concesionaria del servicio de transporte público en autobuses urbanos, 'Hadu-Almadraba', se reunirá este martes en asamblea a las 17.00 horas para tomar una decisión sobre la adopción de un "paro definitivo" este miércoles, cuando los trabajadores se concentrarán ante la Asamblea "para mostrar su hartazgo ante la situación de impago de sus nóminas, incertidumbre y amenazas", según ha adelantado FSC-CCOO.

El sindicato ya tiene el compromiso del presidente de la Ciudad de recibir a los representantes de la plantilla "antes o después de la concentración".

En esa cita la central insistirá a Vivas en que "la situación es insostenible" y en que "el responsable final es el Gobierno de la Ciudad, que siempre ha sido consciente de nuestra propuesta de municipalización pese a que nunca ha querido tenerla en cuenta".

"El propio Gobierno es consciente de que la única solución a largo plazo pasa por convertir el servicio en 100% público y no podemos comprender el porqué continúan alargando con contratos y licencias, algo que finalmente tendrán que absorber, provocando que decenas de familias sufran, además de miles de ciudadanos, con un servicio en constante conflicto laboral", ha indicado el sindicato.

La Consejería de Asuntos Sociales prevé abonar a la empresa 50.000 euros de su convenio anual durante los próximos días, pero el pago de los 450.000 reservados para compensar a 'Hadu-Almadraba' por las pérdidas sufridas durante el primer estado de alarma y confinamiento domiciliario no será inmediato, pues la partida no podrá gestionarse como una ayuda directa, según han indicado fuentes del Ejecutivo local.

'Hadu-Almadraba' dice estar perdiendo cada mes desde verano una media de 30.000 euros mensuales pese a tener a más de 20 trabajadores en ERTE, pero la prórroga de su concesión (que expiró el año pasado sin que la Ciudad convocase a tiempo una nueva licitación) por hasta dos años más no incluirá la garantía de cobertura de desequilibrios económicos que pretendía para blindar sus cuentas.

Con la estrategia habitual, la empresa comunicó primero que dejaría de aplicar todos los puntos de su Convenio Colectivo y no ha pagado aún las nóminas de noviembre, generando un nuevo conflicto social en el que la plantilla señala al Gobierno local como responsable último de sus problemas laborales.