La abogada que representa a la Coordinadora de Barrios vuelve al IES Abyla un año más para participar en las charlas previas a la Marcha por la Dignidad, que tendrá lugar esta misma tarde, y hablar de las últimas novedades sobre el caso de la tragedia del Tarajal
El caso de la tragedia del Tarajal continúa de algún modo atascado en el Tribunal Constitucional, donde las familias de cuatro de los jóvenes que perdieron la vida en la playa ceutí tratando de cruzar el espigón el 6 de febrero de 2014 han interpuesto un recurso que se suma al de las asociaciones humanitarias, que ha sido admitido a trámite. Una pequeña victoria que ha celebrado la abogada que lleva el caso en representación de la Coordinadora de Barrios, 'Patuca' Fernández, en el IES Abyla, donde ha vuelto un año más para participar en las charlas previas a la Marcha por la Dignidad, que tendrá lugar esta misma tarde.
"También consideramos muy positivo es que once años y doce marchas después, nos sigamos reuniendo aquí en Ceuta no solo para conmemorar las muertes de estas personas, sino sobre todo para conmemorar sus vidas, entendemos que eran valiosas", ha manifestado.
Los recursos ante el Tribunal Constitucional, ha admitido, "son lentos", ya que existen "muchos procedimientos pendientes" pero rápidamente admite que considera "una buena noticia que haya sido admitido a trámite" al menos uno de los dos. "Ahora esperamos que esa admisión a trámite se convierta en una resolución de amparo", ha manifestado.
Su intención es conseguir "una resolución que reconozca el derecho a la vida de las personas en movilidad y que eleve los estándares de protección del derecho a la vida también en los tribunales". "El de las familias digamos que va un poquito por detrás y todavía no hay decisión sobre su admisión o no", ha puntualizado sobre el estado de sendos procedimientos, que entre los que han pasado años.
El "grandísimo impacto traumático" de los supervivientes
Las familias, ha detallado, "reclaman el amparo porque entienden que se ha vulnerado no solo el derecho a la vida de estos jóvenes, sino también el derecho de las propias familias a acceder a la justicia porque no se les permitió participar del procedimiento", pero "también del derecho a la libertad religiosa y a la intimidad porque no se ha permitido ni identificar los cuerpos ni enterrarlos ni decidir sobre el resto los restos de los cuerpos de sus hijos".
El segundo recurso, fue interpuesto por las asociaciones, en concreto por la Asociación por Derechos Humanos de España, Coordinadora de Barrios y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del derecho a la vida. Este último "ya ha sido admitido a trámite, fue admitido a trámite en junio del año 2023 y está pendiente de resolución".
Los procedimientos de vulneraciones de derechos fundamentales son procedimientos donde las víctimas, "los supervivientes, sufren un grandísimo impacto traumático" y "lo que estamos viendo es que ahora hay personas que en su momento no se atrevieron a denunciar, que estaban extraordinariamente dañadas y que están también reclamando justicia".
Se ha referido así al caso de Crice O., que con entonces veinte años perdió la visión de un ojo por una bala de goma disparada por la Guardia Civil y que recientemente ha presentado una nueva denuncia ante la ONU por la falta de investigación. Esta se suma a otra presentada hace un año por otro superviviente, Ludovic N., que ya ha sido registrada y sobre la que se espera que este año España formule una primera respuesta.
En un momento de gran presión migratoria en España, Brice O. ahora residente en Canadá, ha explicado hace escasos días a a través de un vídeo que su intención es tratar ha interpuesto esta queja para intentar parar la "barbarie", la "violencia" y la "tortura" que las autoridades ejercen sobre las personas que intentan cruzar la frontera. Lo hace por él y sus lesiones pero, muy especialmente, por "las personas que ya no están entre nosotros".
