En un auto dictado el pasado martes, Garzón acordó por primera vez esta medida, que se basa en recomendaciones internacionales y tiene por objeto reforzar las garantías de respeto a los derechos de los detenidos en régimen de incomunicación, y que se extenderá a todos los detenidos por delitos de terrorismo, lo que incluye a los arrestados por su supuesta relación con ETA. Las fuentes consultadas señalaron que, en cualquier caso, el magistrado hacía referencia en su resolución a otras medidas alternativas que sí podrán adoptarse.
Entre esas medidas figuraba la de personarse "en el lugar en el que están los detenidos en cualquier momento", así como que los detenidos pudieran ser reconocidos por médicos de su elección, además de por los médicos forenses adscritos a la Audiencia Nacional, que les examinarán al menos cada ocho horas. Por último, la Policía tiene obligación de informar a los familiares de las personas incomunicadas del lugar donde se encuentran éstas y al juez de las características del mismo "y del tiempo de permanencia sin contacto con persona alguna". Las mismas fuentes añadieron, por otra parte, que los once detenidos en la "operación Duna" comenzarán a prestar declaración ante Garzón el próximo sábado.
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