Las pesquisas iniciadas en marzo de 2018 por el grupo EDOA de la Guardia Civil llevaron a descubrir el que es uno de los mayores entramados de blanqueo de capitales de la historia de la ciudad. Una familia entera, sus parejas y allegados de estas se sentarán en el banquillo el próximo uno de octubre por blanqueamiento de capitales procedentes del narcotráfico y organización criminal. Ceutaldia.com ha tenido acceso al auto de acusación de la Fiscalía, en el que se detalla una vida a todo tren, que ni los trece acusados, ni los dos cabecillas huidos podían sufragar con fondos lícitos, según acusa el ministerio público. Coches, relojes, motocicletas, caballos embarcaciones, decenas de propiedades inmobiliarias y sociedades para hacer pasar por legales los ingresos del hachís, incluida una hamburguesería.

El líder de la organización era F. J. P. L. , que según las investigaciones de los agentes -que colocaron geolocalizadores en las lanchas semirrígidas propiedad de la familia y pincharon sus teléfonos- se dedicaba, siempre supuestamente, a ordenar qué hacer a todos los integrantes de la familia. Esto incluía gestionar los pases de hachís, el apoyo logístico a las narcolanchas y también idear el sistema para blanquear los capitales. Junto a su hermano y número dos de la banda, A.D.P. L., se encuentra fugado de la justicia, declarado en rebeldía procesal.

Además de ellos, integrarían la organización criminal, según el auto del fiscal, cuatro personas más que, "con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, llevaron a cabo las labores oportunas para la compraventa, transporte y posterior distribución y comercialización de una gran cantidad de sustancia estupefaciente, concretamente hachís, por la zona del campo de Gibraltar y Ceuta". Prosigue el fiscal señalando que para la realización de los citados fines, "los acusados se relacionaban entre sí y se informaban acerca de la existencia de la mercancía y precio y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de compraventa y transporte de la sustancia estupefaciente".

Según el auto al que ha tenido acceso este medio, dentro de dicho grupo criminal F. J. P. D. L. "ocupaba una posición preeminente, dirigiendo la actividad del resto de acusados, manteniendo contactos con posibles compradores de la droga, haciéndose cargo del mantenimiento de las embarcaciones de su titularidad adquiridas con dichos fines, realizando comunicaciones constantes con los componentes del grupo criminal y abonándoles las cantidades de dinero correspondientes por los servicios prestados". A. D. P. L. y los acusados M. A. L. M., C. S. P., N. A. M. y F. J. R. L. eran las personas que, siguiendo las instrucciones de F. J. P. L., se encargaban de "avituallar las embarcaciones, comprar petacas de gasolina y víveres, realizar labores de vigilancia, reunirse con los suministradores de la droga y viajar a Marruecos y localidades como Algeciras y Tarifa para perfeccionar los detalles del transporte de la droga en condiciones óptimas de seguridad y discreción para evitar ser descubiertos, poniendo especial celo en la seguridad de sus comunicaciones, lo que les llevaba a cambiar frecuentemente de tarjeta SIM y a la utilización de teléfonos satelitales encriptados".

De este modo, "a pesar de carecer de ingresos suficientes procedentes de actividad laboral, profesional o empresarial lícita, obtuvieron elevados y pingües beneficios patrimoniales ilícitos y manejaron grandes cantidades de efectivo". Con él habrían adquirido un alto número de bienes inmuebles, vehículos a motor y motocicletas, embarcaciones, sociedades mercantiles y ganadería caballar con ejemplares de pura raza española, así como la realización de inversiones y obras de mejora en inmuebles, "con el propósito de ocultar a través de la adquisición de dichos activos patrimoniales las ganancias obtenidas con las actividades de narcotráfico".

Para ello se sirvieron de sus cónyuges, parejas de hecho y familiares más directos, quienes "conociendo el origen ilícito de dichos activos  y a los efectos de otorgar apariencia de lícita procedencia a estos bienes u otros en los que los había transformado, consintieron que dichos bienes figuraran a nombre de los mismos".

La participación de los acusados, al detalle

La esposa del líder

 F. J. P. D. L y su esposa la acusada M. D. M. L. D., policía local de profesión, habrían simulado en 2012 un divorcio, en realidad ficticio, para trasladar los bienes de éste a la esfera patrimonial de ella con el fin de ocultarlos y borrar su relación con el narcotráfico. Considera el fiscal que la mujer tenía pleno conocimiento de la procedencia de ese patrimonio.

Fue en febrero de 2012, resultando de la supuesta disolución de la pareja un acuerdo de reparto de propiedades muy desequilibrado. Ésta obtuvo una vivienda unifamiliar de 493.185 euros, otra de 208.797 euros, una tercera tasada en 43.466 euros, dos plazas de aparcamiento valoradas pericialmente en 17.904 y 17.742 euros y un trastero valorado en 5.500 euros. El marido, por su parte, se quedó con una nave industrial en el polígono del Tarajal, con un valor de 319.631 euros y una vivienda en Fuengirola tasada en 242.601 euros, además de todos los vehículos de la pareja.

Prosigue el sumario revelando comportamientos que no se ajustaban a la extinción del matrimonio, como el hecho de que ella solicitara créditos para que el hombre adquiriera una nave industrial cuatro años después del supuesto divorcio o que ésta no percibiera nunca la prestación de alimentos y siguiera abonando gastos de su marido o cuñados concernientes a cuotas sindicales, aportaciones a planes de pensiones, primas de seguros o facturas telefónicas.

Asimismo, durante la práctica de la diligencia de entrada y registro realizada en el domicilio de la mujer se halló una muestra plastificada de hachís con un peso neto de 24,49 gramos y un índice de riqueza del THC del 18,93% de "las comúnmente utilizadas como prueba de la calidad de la mercancía a vender", un detector de micrófonos de escuchas de radio para dispositivos de GPS, numerosos teléfonos móviles y tarjetas SIM y un total de 6.198 euros repartidos en billetes y moneda fraccionada.

La madre

De una forma similar a la esposa del cabecilla, su madre, que también lo es del número dos de la banda (A.D.P. L.), siendo "plenamente conocedora", según el auto del fiscal, "de las actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas que sus hijos han desempeñado desde su juventud", convino con ellos prestarse a hacer de persona interpuesta, apareciendo como la titular de sociedades mercantiles, bienes inmuebles, vehículos y fondos dinerarios que en realidad les pertenecían.

Con tal finalidad aparece desde 2015 como propietaria de una hamburguesería de Ceuta, a pesar de residir habitualmente en Málaga, siendo realmente el dueño de ella el número uno de la organización, que se encargaba de su gestión y obtenía los beneficios.

A pesar de no tener ingresos, adquirió de su hijo A. D. P. D. L. una vivienda en Málaga por valor de 46.000 euros sin que conste la procedencia o el pago de dicho precio, y ha titularizado 7 vehículos y 4 motos de gran cilindrada que venían siendo utilizados de facto por sus hijos y para los que ella no tiene permiso de conducir.

"De igual forma, la acusada ha recibido hasta un total de 648 transferencias a su favor por importes muy elevados, la mayor parte mediante ingresos en efectivo habiendo siendo ordenadas por su hijo F. J. P. L., con la finalidad clara de ocultar el origen ilícito de dichos fondos en el patrimonio de la acusada", continúa el auto.

A esto hay que sumar la realización de varios contratos de venta de joyas con las que justificaba la recepción del dinero aunque estos eran posteriormente cancelados sin que conste el origen de las cantidades abonadas.

"Dentro de la misma finalidad de ocultación de rentas procedentes del narcotráfico" la acusada constituyó con su hijo F. J. P. L. diferentes sociedades mercantiles, como L. Construcciones y Promociones S.L., si bien ante en el tráfico jurídico la acusada aparecía como administradora y propietaria única de dicha empresa dedicada a la construcción y promoción de viviendas, en cuyo haber social se incluían domicilios que fueron aportados con fondos dinerarios de su hijo; así como la sociedad A. Multiservicios S.L., con un capital social de 477.000 euros que la acusada aportó con fondos de su vástago provenientes de sus actividades ilícitas, según la acusación del ministerio público, que aspira a poder demostrar todo esto en la vista oral.

Finalmente, a pesar de su carencia de ingresos, la mujer aparece como titular junto a sus hijos de una gran finca ubicada en las proximidades de la localidad de Málaga, tratándose de un complejo rural edificado sobre suelo rústico y sin las correspondientes licencias compuesto por una diversidad de viviendas y caballerizas. Esta tasado su valor en 992.669 euros, dinero que los hermanos habrían sufragado "con los ingentes beneficios obtenidos con las actividades de narcotráfico, utilizando asimismo dichas instalaciones para depositar una embarcación semirrígida con motor fueraborda de 350 caballos V8 de potencia y radar que empleaban durante las labores de auxilio a narcolanchas, además de una máquina envasadora y bolsas para envasar al vacío, equipo de radio y remolque".

La hermana

A.D. P. L. hermana de los supuestos cabecillas también aparece como parte del entramado, en concreto "en las labores de intermediación y titularización de bienes adquiridos por aquellos con las ganancias conseguidas con el tráfico de drogas, para de esta forma sacarlos de su patrimonio personal y presentarse ante el tráfico jurídico como la supuesta dueña de los mismos, y ello a pesar de su exigua capacidad económica y la consiguiente imposibilidad de haber adquirido por si misma los bienes" que a continuación se exponen.

Dentro de dicho plan trazado con sus hermanos, y a pesar de ser menor de edad, la joven titularizó una ganadería equina compuesta por hasta 65 caballos de pura raza española que fueron adquiridos por su hermano F. J. P. L., puesto que la acusada "carecía absolutamente de ingresos durante su minoría de edad que justificasen la capacidad económica suficiente para afrontar, no solo la adquisición de dichos équidos sino los gastos derivados de su estabulación, alimentación y cuidados veterinarios".

Asimismo, compartía con su madre varias cuentas bancarias nutridas con fondos de origen indeterminado obtenidos con las ganancias aparentemente procedentes del narcotráfico obtenidas por el líder de la trama. En ellas se llegaron a ingresar 68.000 euros de dinero "obtenido ilícitamente y que no guardaba relación alguna con las actividades laborales de la mujer ni de su madre". Del mismo modo, aparece en el tráfico jurídico como titular de motocicletas cuyo uso real corresponde a sus familiares huidos F. J. P. L. y A.D. P. L., cuando ni siquiera es titular de los permisos administrativos necesarios para conducir tal tipo de vehículos.

Finalmente, para enmascarar una entrega de fondos realizada por su hermano F. J. P. L. a su pareja M. A. L. bajo la apariencia de un préstamo del que no se concretó ni los plazos ni la cuota mensuales, "solicitó un crédito bancario por importe de 28.000 euros que posteriormente transfirió a la cuenta de su novio".

El cuñado

M.A.L.M., casado con la hermana de los llamados cabecillas está vinculado a F. J. P. L. al, según el auto del fiscal, formar parte de su organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el campo de Gibraltar y el Estrecho, extendiendo su participación "a la adquisición de garrafas y gasolina que acarrea al puerto, formando parte como tripulante de las embarcaciones que dan servicio a las narco lanchas, avituallándolas de combustible y dotándolas de las provisiones necesarias así como llevando a cabo el traslado de sus pilotos y acompañantes". Todo con el fin de que éstas permanezcan en alta mar sin correr riesgos con dichas maniobras, recibiendo en contraprestación de los servicios prestados "fondos que le son satisfechos por F. J. P. L., una vez acabadas las tareas que le son encomendadas, así como realizando labores de vigilancia en compañía de su pareja sentimental.

Constándole únicamente ingresos por su condición de trabajador por cuenta ajena en tiendas de moda y perceptor de una renta de alquiler de un piso gravado con hipoteca y pendiente de amortización, "ello no ha sido óbice para disfrutar de un elevado nivel de vida que ha sido sufragado por el producto de su actividad narcodelictiva", apunta el fiscal.

En la vivienda de los acusados M. A. L. M. y Á.P.D. L. se hallaron 19.500 euros ocultos en un doble fondo de la cajonera del dormitorio principal y sesenta y siete relojes, algunos de lujo de marcas como Rolex, Cartier y Breitling tasados en más de 22.000 euros. Considera el fiscal que todos eran propiedad del líder de la familia. A esto hay que añadir el hallazgo de numerosos móviles que, según las pesquisas, "los acusados utilizaban en sus labores de vigilancia y para establecer comunicaciones con el resto de integrantes de la organización".

El cuñado es titular de una vivienda tasada pericialmente en 133.306 euros, de un  vehículo Audi Q5 valorado en 54.990 euros y una motocicleta.

La segunda hermana

La acusada P. P. D. L., al igual que su madre y su hermana, en connivencia con sus hermanos F. J. P. L y .A.D. P. L , y con claro ánimo de lucro y de ocultación de los ingresos derivados de las actividades de narcotráfico, "se prestó voluntariamente a titularizar fondos e inmuebles adquiridos por ellos, aparentando ser la dueña de dichos activos patrimoniales ante el tráfico jurídico-económico", a pesar de no tener ingresos que sustentaran estas adquisiciones.

Así, en cumplimiento de dicho plan, con fondos de origen incierto e incomprensibles atendiendo a su nivel socio-económico, adquirió 3 locales en Málaga el 20 de junio de 2003 y el 20 de octubre de 2003 (2) que posteriormente transformó en viviendas destinadas al alquiler, ingresando las rentas de los mismos en una cuenta bancaria titularizada por su madre y su hermano F. J. P. L y que finalmente aportó a  la sociedad L. Construcciones y Promociones S.L. a nombre también de la progenitora, incorporándose desde ese momento como socia de la mercantil mediante una ampliación de capital llevada a cabo el 6 de noviembre de 2017 y valorándose los inmuebles aportados por la acusada en 124.458 euros.

Posteriormente, el 27 de julio de 2018, vendió las 66 participaciones que ostentaba en la sociedad limitada a sus hermanos por la ínfima cantidad de 1983,36 euros, "un valor que no guarda proporción alguna con la valoración de los 3 inmuebles que aportó a la citada sociedad y que resultaría en claro perjuicio de la propia acusada, incurriendo teóricamente en una pérdida patrimonial de 122.591 euros". De esta forma, el dinero volvía a contar dentro del patrimonio de ellos "con apariencia de legitimidad". 

Esta hermana habría manejado además importantes sumas de dinero desde 2009 a 2013 por importes superiores a los 68.000 euros, sin que dicho flujo de liquidez guarde relación con la prestación de actividad laboral alguna, proviniendo, para el fiscal, "de las actividades de narcotráfico se sus hermanos". También titularizó seis motocicletas de alta cilindrada cuya detentación y uso habitual correspondía igualmente a sus familiares, no contando con el permiso de conducir necesario para su manejo.

Durante el registro de su vivienda se encontraron un total de 8.040 euros repartidos en billetes fraccionados, tres vehículos y seis motocicletas.

Un matrimonio en apuros

Otro de los numerosos acusados por Fiscalía es C. S. P. considerado uno de los miembros de la organización criminal. Según se refleja en el auto, este "comenzó a recibir importantes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico, y con la finalidad de encubrir y ocultar el origen ilícito de dichos activos se sirvió de su mujer R. T. M. y otros familiares para utilizarlos como aparentes titulares de dichos bienes, a pesar de que desde el año 2016 ninguno de los dos integrantes del matrimonio ha realizado actividad laboral de ningún tipo".

Pese a no tener rentas conocidas, el matrimonio titularizó un vehículo todoterreno de alta gama Volkswagen Tiguan con un precio de adquisición de 31.000 euros, poniéndolo la suegra del acusado -a pesar de no disponer siquiera de permiso de conducir- y una moto de gran cilindrada con matrícula que pusieron a nombre de uno de sus hijos menores de edad.

En virtud a las indagaciones, los dos recibieron en sus cuentas imposiciones en efectivo de las que se desconoce su procedencia y con las que afrontaron el pago de sus cuotas hipotecarias, siendo escasa la domiciliación bancaria de recibos y el uso de tarjetas de crédito y débito, ya que atesoraban "importantes cantidades de dinero en efectivo procedentes de las actividades delictivas del acusado relacionadas con el tráfico de drogas".

Del mismo modo y a pesar de no hacer declaraciones tributarias por carecer de ingresos, en el año 2017 el hombre adquirió una embarcación y una motocicleta, ambos de segunda mano, "sin que conste bancariamente la forma de proceder al pago, maniobra que repitió en el concesionario donde el mismo año adquirió una motocicleta por valor de 12.700 euros. Lo hizo también sin acreditación de la forma de pago y poniendola a nombre de otro de sus hijos menores de edad.

En el año 2018 llegaron a adquirir 4 vehículos más, abonando en metálico sus importes, según el fiscal, "con las ganancias del narcotráfico", al no constar forma alguna de pago en las cuentas bancarias de la pareja.

La lista sigue engordando en 2019 cuando compraron un vehículo Audi Q5 que nuevamente pusieron a nombre de su hijo menor.

En lo relativo a embarcaciones, también se hicieron con una neumática semirrigida que que fue hallada oculta durante el registro realizado en la fina malagueña propiedad de la madre de los cabecillas, recurriendo de nuevo a un familiar, en este caso su hermano J. S. P., para titularizar la misma.

El marido también procedió a alquilar una nave industrial en el polígono El Colmenar de Málaga, abonando de forma anticipada las rentas correspondientes al año entero mediante entrega de 6.620 euros en metálico, "con origen en las actividades de narcotráfico". Dicha nave era utilizada "para el almacenamiento de embarcaciones semirrígidas, sin equipo y totalmente  equipadas,  sin  motores  y  motorizadas,  además  de  cinco  motores  fuera borda  de  350  CV –  V8  de  potencia  embalados,  alrededor  de  3.000  litros  de  gasolina, además de otros efectos náuticos (hélices,  brazos  de  potencia,  etc.)  y  diverso  equipo  eléctrico  junto  a  material  para transporte, manejo y montaje (bancada, poleas, cadenas…),  valoradas en 380.000 euros, como se desprende de la diligencia de entrada y registro ordenada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vélez-Málaga en las Diligencias Previas.

Finalmente, los acusados C. S. P. y R. T. M. realizaron obras de mejora y ampliación en su vivienda en la localidad malagueña de Pizarra, "obteniendo asimismo de las actividades del narcotráfico los medios económicos para sufragar el desarrollo de las mismas", habiéndose tasado su vivienda en 156.284,90 euros.

El trabajador de la hamburguesería

N. A. M. es considerado por el fiscal "uno de los más destacados miembros de la organización criminal". Aparentemente trabajador eventual en la hamburguesería del líder de la trama, "su verdadera actividad venía definida por las labores de vigilancia, manejo y conducción de embarcaciones en el mar, labores de acopio de gasolina y víveres con los que avituallar a las narcolanchas, así como funciones de intermediación con compradores y vendedores de la droga siguiendo las instrucciones dadas por F. J. P. L".

Este era titular de una embarcación en la que dos personas fueron cazadas navegando en dirección a las costas peninsulares transportando 73.345 gramos de hachís.

Así, en el año 2016, con una renta anual de 3.000 euros, y a pesar de cobrar exiguas cantidades por desempleo y ayudas públicas, el acusado N. A. M. adquirió el 3 de mayo de 2016 un vehículo Nissan Terrano II y el 29 de septiembre de 2016 un Volkswagen Golf 1,9 TDI, destinado al uso de su mujer N. A. A., "obteniendo realmente el dinero para sufragar dichas compras del producto del narcotráfico, sin que en sus cuentas bancarias aparezca reflejada forma de pago alguna de dichos vehículos, así como tampoco adeudos o domiciliaciones bancarias ni cobros con tarjetas de crédito o débito".

Posteriormente en 2017 el acusado N. A. M., a pesar de su precaria situación económica y sin que coste igualmente cómo obtuvo los recursos económicos necesarios para satisfacer el pago, compró el 21 de junio de 2017 un vehículo Fiat Seicento, el 15 de febrero de 2017 una embarcación y el 18 de abril de 2017 otra. Tampoco dejó rastros de su pago.

Por último, en el año 2018, con la misma situación económica que los años anteriores, se hizo un monovolumen Volkswagen Touran y el 25 de julio de 2018 compró una lancha semirrígida.

Otra pareja en el ajo

Finalmente el acusado F. J. R. L. "empezó a percibir en cantidad significativa flujos de dinero derivados del narcotráfico, y con el ánimo de encubrir y ocultar el origen ilícito de dichos fondos se sirvió de su mujer C. M. V. y de sus suegros A. M. y D. V. O. y otros familiares como M. V. O. para utilizarlos como personas interpuestas en la titularidad de los bienes adquiridos con el producto del delito". Todo a pesar de que desde el año 1994 a 2016 ninguno de los dos integrantes del matrimonio ha realizado de forma continua y estable actividad laboral alguna ni han constado inscritos como demandantes de empleo.

Los ingresos del matrimonio se limitaban a las percepciones del alquiler de una vivienda situada y ayudas sociales, a lo que sí hay que sumar, según lo expuesto por el fiscal, "la posesión de rentas ocultas con origen en las actividades de narcotráfico". Estas les habrían permitido sostener un nivel de vida muy superior al propio de personas en situación de exclusión social.

Adquirieron una segunda vivienda, que habrían acordado poner a nombre de los padres de ella, a pesar de utilizarla ellos como residencia. Precisamente, sus suegros pensionistas A.M y D.V.O. se nutren de fondos de la pareja de acusados para afrontar el pago mensual de la hipoteca que grava el inmueble mediante imposiciones en efectivo efectuadas desde cajeros. Así habrían conseguido el disfrute efectivo del bien a través de personas interpuestas de máxima confianza, sin despertar sospechas por ese incremento injustificado del patrimonio. 

Del mismo modo, los cuatro compraron una plaza de garaje en el mismo edificio mediante el pago íntegro del precio en metálico y sin necesidad de financiación, figurando a nombre también de los suegros del hombre, quien realmente la usa para estacionar el vehículo Mitsubishi Montero adquirido por su mujer el 20 de marzo de 2021 mediante pago al contado.

No es el único coche con el que cuentan los investigados. A nombre de la suegra pusieron también un Volkswagen Tiguan que costó 26.520 euros pagados en efectivo por la acusada M. V. O., quien carece de permiso de conducir y figurando su sobrina C. M. V. como tomadora del seguro y pagadora de la prima correspondiente.

La posesión por parte del acusado de dinero en efectivo le permitió realizar imposiciones en metálico desde cajeros con los que iba nutriendo sus cuentas bancarias para hacer frente a los esporádicos pagos que en las mismas se cargaban, siendo infrecuente el uso de tarjetas de débito y crédito y las domiciliaciones de recibos.

A esto hay que añadir la adquisición de un quad, una moto acuática y una embarcación coupe con motor fuera borda.

Delitos y penas

Considera el fiscal que procede imponer a los acusados la pena de 6 años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. A esto hay que añadir una multa del triple del valor de los bienes e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales (esta parte aplica a todas las penas).

Interesa también que N. A. M., M. A. L. M., C. S. P. y F. J. R. L. vayan 8 años a la cárcel por integrar una organización criminal.

Por último, se pide para M. D. M. L. D., Á. D. L. R., Á. P. D. L., P. P. D. L., C. M. V., A. M. M., D. V. O. y R. T. M. 5 años de prisión por pertenecer al entramado delictivo.

El juicio está previsto para el próximo uno de octubre y supondrá una de las mayores vistas judiciales de la historia de la ciudad autónoma.