Comisiones Obreras (CCOO) considera que el contenido del proyecto de Ley de Seguridad Privada que Francisco Márquez defendió la semana pasada en el Congreso es "lesivo" para los vigilantes porque "incrementa sus funciones sin la correspondiente protección jurídica, garantías de formación o una mejora de sus condiciones laborales acordes a las nuevas competencias asignadas", según augura.

En un comunicado, el sindicato ha alertado de que "la norma desregula la Seguridad y privatiza, en línea con otras responsabilidades públicas, su gestión". Además, la Federación de Servicios Privados opina que el teto "incrementa de manera arbitraria las competencias de los trabajadores de Seguridad Privada, pero en absoluto acompaña ese criterio con las medidas complementarias que requeriría".

CCOO detecta "al menos tres carencias básicas" que "perjudican notablemente la inseguridad jurídica y laboral del vigilante". La primera, que "equipara su condición a la de agente de la autoridad pero no se les dota de una protección jurídica adecuada que impida su desprotección legal"; la segunda, que se asignan nuevas funciones en el área de la vigilancia en espacios o vías públicas "sin que previamente se intensifique su formación en una actividad que puede chocar con libertades o derechos fundamentales".

Además, la central ha denunciado que el incremento de tales competencias "no se corresponde con la situación laboral del sector, cuyos sueldos y derechos se encuentran en clara inferioridad respecto a las nuevas exigencias, y a enorme distancia de los percibidos por las Fuerzas y Cuerpos de seguridad Estado".

"Es más, un régimen sancionador desproporcionado es otro elemento añadido en perjuicio del vigilante", ha añadido Comisiones, que entiende que "sólo desde el desconocimiento de la realidad del sector, la urgencia por ampliar el negocio de las empresas se seguridad, o un excesivo afán privatizador, se pueden plasmar estas modificaciones".

CCOO formuló una seria de enmiendas al proyecto pero "ninguna de ellas ha sido tenida en consideración". "Lamentamos", ha concluido la nota de Comisiones, "que el Gobierno no haya sido más sensible no sólo a nuestras demandas, sino a las posiciones que desde un principio han pretendido buscar un equilibrio entre la reordenación del sector y el respeto a las libertades ciudadanas y a los derechos de los trabajadores".

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