El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha girado visita a Ceuta este lunes y este martes para conocer de primera mano el sistema de protección y acogida de menores del que dispone la Ciudad Autónoma de Ceuta. Pero también para ultimar más trámites que permitan la salida a centros de acogida peninsulares de los menores que están acogidos ahora mismo por el Área de Menores de la Ciudad. Y así ha confirmado que en los “próximos días” se espera el traslado de “una veintena” de estos menores.
Por próximos días hay que entender los próximos 5 días, que se estarían ya descontando en algunos casos. Se deduce de sus palabras que la salida para el traslado desde la Ciudad se haga de forma escalonada y que algunos puedan llegar a tiempo a ser reubicados en la península antes del viernes de esta semana y otros durante los primeros días de la próxima.
Esa veintena que va a salir ahora se corresponde con menores migrantes llegados a Ceuta tras la publicación del Real Decreto que establece la obligación de solidaridad del resto de autonomías, una vez que se ha decretado la saturación de forma oficial de los recursos de acogida de Ceuta.
Para el resto del contingente, unos 400, habrá que esperar más. El Real Decreto contempla otros plazos y otros trámites más pausados y Pérez ha ubicado esa salida hacia centros peninsulares en marzo de 2026, es decir dentro de unos 6 meses.
Tras reunirse con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el consejero de Gobernación -competente en la materia-, Alberto Gaitán, y la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, el secretario de Estado ha recordado que ese Real Decreto-Ley que aplica la reforma de la Ley de Extranjería y que posibilitará la salida de menores desde Ceuta a la península “es una norma de obligado cumplimiento”.
La afirmación no es una frase más sin sustancia. Apunta directamente contra aquellas regiones, como Madrid, que se han mostrado más que reticentes a dar cumplimiento a esa solidarity que se establece en la norma:
“Es cierto que han manifestado algunas comunidades su desacuerdo con esto. Lo han manifestado y lo han llevado también a una serie de procesos y recursos, pero el procedimiento sigue su trámite legal y nosotros vamos a seguir trabajando para dar un acogimiento digno en un país de 49 millones de habitantes, aproximadamente 3.000 y pico menores que ahora mismo saturan los sistemas de protección en Canarias, Ceuta y Melilla”, ha explicado Pérez.
Para el secretario de Estado se trata de una “cuestión, primero, humanitaria. Segundo, de Convenios Internacionales que el Estado Español ha decidido voluntariamente suscribir y que nos obligan, incluso desde el punto de vista de permanencia en Naciones Unidas”, ha recordado.
Así, ha abundado en esa protección a los menores que prácticamente todos los convenios internacionales que tienen como guía los Derechos Humanos protegen. Y ha apuntado que “los menores que llegan en situación de desamparo y soledad tienen que ser acogidos y tienen que tener un proceso garantista y además que, como país, sigo diciendo que es uno de los grandes factores que explican el crecimiento económico de España. La inmigración, la capacidad de integración muy rápida de un contingente muy importante de migrantes y que hoy en día son las personas, y lo he podido ver en la Ciudad Autónoma, que nos sirven un café a primera hora o que incluso nos facilitan el transporte en un transporte público”.
E incluso ha instado a los medios de comunicación a hacer un seguimiento de los migrantes que hoy entran en el sistema de acogida y en, el caso de los menores, en el educativo y comprobar dentro de unos años como pasan a ser relevantes en la sociedad y en la economía del país.
El secretario de Estado pudo comprobar durante la visita que giró este lunes como funciona todo el sistema de acogida, empezando por la frontera. Y no se le ha escapado dejar una reflexión de lo que ha podido ver: “la auténtica tragedia que supone la pérdida de vidas en este proceso migratorio, más de 30 personas en lo que llevamos de año, la carga, obviamente, de salud mental que supone al personal que está en frontera visualizar y ver esta realidad. Pero también hemos acompañado a Policía, a Fiscalía, al Gobierno de la Ciudad Autónoma, a la Delegación de Gobierno en lo que va a ser la culminación administrativa de un proceso garantiza de traslado de menores a península”.
Pérez ha defendido el Real Decreto-Ley al considerar que por primera vez dota a las administraciones de una herramienta para permitir, con cierta agilidad, el traslado de menores migrantes desde territorios con sus sistemas de acogida desbordados a otros con sitio en sus centros. Y ahí ha destacado además la especial y cercana colaboración entre “todas las administraciones”, en lo que parecía más una referencia a lo que sucede en Ceuta que no a esas regiones, como la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso que se oponen frontalmente a esta solidaridad interterritorial.
