La pandemia cambió la vida de cientos de trabajadores marroquíes -en su gran mayoría mujeres- que cotizaban en Ceuta y que desde el cierre de la frontera no han podido regresar para reclamar sus correspondientes prestaciones de la Seguridad Social. Otros no pueden volver a sus casas ante el temor de perder su única fuente de ingresos. La situación ha llegado al Gobierno de la Nación gracias a una carta acompañada de numerosas firmas.
Desde hace ya más de cuatro años que se declarase la pandemia cientos de trabajadores marroquíes -en su gran mayoría mujeres- que cotizaban en Ceuta viven "en la dolorosa encrucijada de tener que elegir entre renunciar a su única fuente de ingresos o quedarse en la ciudad autónoma con la confianza de conservar sus puestos de trabajo y mantener a sus familias con el dinero que les puedan enviar”. Un drama que la Asociación de Consumidores Halal (Acoha) de Ceuta, representativa entre la comunidad musulmana, ha transmitido al Gobierno de la Nación en una emotiva carta acompañada de decenas de firmas.
Lo cuenta Dris Ouahabi, imam y secretario de la la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas en Ceuta, en un vídeo de acumula más de un millar de visualizaciones en cuestión de 48 horas. En él comparte la misiva que Acoha ha remitido al presidente de la Nación, Pedro Sánchez, al que piden que facilite el retorno de los marroquíes "varados" con el fin de regularizar su situación. "España debe jugar un papel activo en la búsqueda de una solución" que dote a los afectados del "amparo legal que garantice la dignidad humana y la protección de los derechos", apelan.
Los trabajadores transfronterizos son personas "con muchos años cotizados" que carecen de la posibilidad de reclamar sus finiquitos al haber cambiado los requisitos para cruzar la frontera, que a día de hoy exige un visado Schengen, expedido por el Consulado Español en Tetuán. Es ahí dónde comienza la paradoja, ya que no se puede solicitar sin un contrato de trabajo. Es la pescadilla que se muerde la cola para lo que calculan podría ser "un millar" de hombres y mujeres. Una queja que ya trasladara al Defensor del Pueblo en 2020.
La solución es para la asociación -entre comillas- sencilla: Facilitar a los ciudadanos el acceso a España mediante la concesión de una autorización especial e identificar "a los interesados a todos los efectos en territorio nacional para regularizar su situación y que puedan solicitar las prestaciones que le correspondan”, reclaman. Estas detallan, pueden ser el subsidio por desempleo o las jubilaciones.
Pero no es la única "trampa legal" a la que daría luz esta medida. El “dilema” de los transfronterizos se hace extensivo a aquellos empleados a los que la pandemia sorprendió en la ciudad autónoma y cuya documentación caducó, por lo que deben ir a Marruecos para renovarla. Sin embargo, una vez crucen el Tarajal no podrán regresar, ya que, de nuevo se encuentran con el impedimento de no disponer de un visado. Se encuentran en "un limbo legal".
“La consecuencia es verdaderamente dramática: trabajadores y trabajadoras viven en constante incertidumbre la desgarradora angustia de no saber cuándo podrán volver a ver a sus familiares mientras se debaten cada día en la dolorosa encrucijada de tener que elegir entre renunciar a su única fuente de ingresos o mantenerse en las ciudades autónomas con la confianza de conservar sus puestos de trabajo y mantener a sus familias con el dinero que les puedan enviar”, cuenta Acoha en su carta, "con la esperanza de un presente y futuro mejor para todos".
