Caballas insistirá este jueves en el Pleno, donde se debatirá el proyecto de nuevo PGOU de Ceuta y el segundo expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad para este ejercicio, la necesidad de "reorientar el gasto público hacia las necesidades más acuciantes del conjunto de la ciudadanía".

Los localistas no están de acuerdo con la redistribución del dinero públio que quiere hacer el Ejecutivo del PP "para pagar facturas de dudosa legalidad" como las de la empresa distribuidora del butano, "reclamaciones injustificadas" como las de TRACE (unos 800.000 euros), Publicidad Instritucional (400.000), un "hipotético gasto en vertederos hasta ahora desconocido" para Makerel (otros 400.000) y "gastos sin consignación de Emvicesa".

"Frente a la política del PP, que se obstina en mantener una portentosa maquinaria de despilfarro y una amplia red clientelar tejida durante más de una década para ganar voluntades y controlar la sociedad", el primer grupo de la oposición en la Asamblea considera que las prioridades a atender de forma prioritaria deben ser "el empleo, la red de protección social y el reequilibrio territorial para igual las condiciones de vida en todas las barriadas de Ceuta".

Para conseguirlo Caballas presentó dos alegaciones que el PP ya ha rechazado en la Comisión de Hacienda pero que volverán a debatirse este jueves. Con ellas la coalición pretende "distribuir un considerable volumen de ingresos adicionales procedentes del superávit del ejercicio anterior y de otras partidas de gasto no ejecutados". Para localistas ese exceso de ingresos "se debe destinar a la puesta en marcha de un Plan de Empleo para familias en riesgo inminente de exclusión social (2 millones de euros), y para ampliar las partidas de salario social (500.000).

El consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda, ha pedido por escrito a la Consejería de Hacienda que, “por criterio de prudencia”, contemple “las cuantías reflejadas en la reclamación presentada por TRACE, adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos, sobre los gastos originados por servicios adicionales al contrato, por si una vez comprobados dieran lugar a la aceptación de la misma”. La primera lectura de las cifras reclamadas por Trace conducen a los técnicos responsables del contrato a estimar que las mismas “no proceden” en su inmensa mayoría.

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