El Pleno ha acordado con los votos a favor del PP y Ciudadanos someter a un estudio legal la posibilidad de recoger en la normativa vigente entre los motivos para no poder ser adjudicatarios de una vivienda el haber "ocupado" una vivienda pública o privada sin título suficiente para ello y que Emvicesa sea la encargada, "de oficio o a instancia de parte", de "registrar y excluir a aquellos demandantes de viviendas que hayan sido identificados como okupas, aunque los de Huerta Téllez, por ejemplo, se librarán de ser los primeros apartados porque no cabe efecto retroactivo.
El consejero de Fomento del Gobierno ceutí, Néstor García, ha recordado este martes en la Asamblea que su departamento lleva tiempo trabajando en los nuevos Reglamentos de Adjudicaciones en materia de vivienda y del Registro de demandantes. Además, se ha mostrado “totalmente de acuerdo” con el fondo de la iniciativa defendida por Javier Varga, aunque ha pedido tiempo para efectuar un análisis jurídico a fondo del texto de la propuesta con el fin de aclarar su retroactividad, los afectados por esa penalización...
La formación naranja ha puesto de relieve que "las ocupaciones a la fuerza de viviendas y los intentos de ocupación que se produjeron en nuestra Ciudad los días 25 y 26 de septiembre fueron hechos muy graves que generaron una importante alarma social" y considera que "merecen todo nuestro rechazo por lo que suponen de desprecio a las leyes y a los derecho de los demás".
Mantener el Reglamento de adjudicación de viviendas en la actual redacción", ha alertado Cs, "termina incentivando no sólo la ocupación de viviendas sino también todo tipo de infraviviendas que no sólo no contribuyen a solucionar el problema sino que, a nuestro entender, lo agravan".
"Ni nadie tiene más necesidad que nadie ni nadie es quién para imponer sus derechos avasallando los de los demás", ha argumentado Cs, que estima que "lo que ocurrió esos días supuso el cruce de una línea roja en nuestra ciudad y pone de manifiesto la necesidad de establecer medidas que atajen esta manera de resolver los problemas de vivienda que existen en Ceuta".
A juicio de Varga todavía "menos conveniente" es que desde el Gobierno y Asamblea de la Ciudad "se termine dando a quienes “ocupan”, preferencia sobre otros demandantes de vivienda que, puede que con mayores necesidades, esperan pacientemente la vivienda social solicitada", ya que "buscando este “derecho preferente” se ocupan en nuestra Ciudad, a la fuerza o por vía de hecho, terrenos, viviendas, locales o cualquier construcción, tanto de propiedad privada como municipal".
Caballas ha abogado porque se avance para limitar el acceso a viviendas públicas a los “condenados por usurpación” pero sin correr el riesgo de perjudicar a las personas que llevan “décadas” en viviendas como las promociones del Príncipe Felipe sin título habilitante pero sin haber accedido a ellas por la fuerza.
La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, se ha opuesto a la “criminalización” de personas desde el ámbito político “porque, en la mayoría de los casos empujadas por la desesperación, hacen actos con los que posiblemente no estén ni sus protagonistas de acuerdo”.