Imbroda negó que su diálogo con Sevilla fuese en esos términos y acusó al ministro y al delegado del Gobierno de ser 'unos mentirosos' y de difundir 'patrañas', versión que fue respaldada por el gabinete de Vivas. 'El ministro Sevilla me ha repetido que la conversación que mantuvo con Imbroda en el Senado sólo tenía una conclusión y ésta era la ruptura inexorable de las conversaciones en curso', repitió Arreciado, quien interpretó las explicaciones de Imbroda como una forma de 'intentar arreglar su metedura de pata con la escasez de recursos que le caracteriza'.

Además, Arreciado destacó la 'gran preocupación' de Sevilla por la 'radicalización que se viene produciendo en Ceuta ante las sucesivas ofertas del Ministerio, que si bien no cubren el 100% de las peticiones de la Ciudad sí contribuyen a mejorar su situación actual'. 'La Administración General del Estado sigue firme en sus convicciones y Sevilla tratará dentro de dos o tres semanas en su visita a Ceuta y muy probablemente a Melilla de reconducir unas relaciones que nunca debieron descarrilarse de esta manera', señaló.

Asimismo, el delegado advirtió al presidente ceutí de que, en su opinión, 'ligar su discurso al de Imbroda le lleva a una posición en la que no puede ganar nada', al tiempo que le recordó que, 'por su carácter y por su tendencia al acuerdo, Vivas tiene una serie de fortalezas que malgastaría si se adhiere a la postura radical que demuestra su homólogo melillense'. No obstante, García Arreciado también criticó al Ejecutivo local por su empecinamiento en hacer culpable a La Moncloa 'de todos los problemas de los ceutíes' e indicó que 'los verdaderos responsables están mucho más cerca, en la Plaza de África', sede del Palacio autonómico.

Ceuta y Melilla constituyeron en primavera una Comisión bilateral con Administraciones Públicas para establecer una fórmula en la que pudiesen cogestionar las políticas activas de empleo (INEM) y los servicios del Imserso, áreas en las que deseaban nombrar a sus respectivos directores generales; recuperar las competencias urbanísticas que les fueron retiradas en 1999 y más transferencias presupuestarias para departamentos como Menores y Servicios Sociales. En noviembre, Sevilla les remitió una contrapropuesta en la que aceptaba parcialmente sus solicitudes pero les negaba la capacidad de nombrar directivos y reducía de nueve a uno los millones de euros que reivindicaban Vivas e Imbroda, que acusaron al Gobierno central de 'falta de voluntad política'.