El PSOE quiere que la Administración local prime, además de criterios económicos, otras "cláusulas sociales" en sus procesos de contratación como que las empresas concurrentes tengan planes de igualdad o cuenten en su plantilla "con personas con discapacidad o en situación de exclusión social". El Grupo Socialista llevará al Pleno de este viernes una propuesta para instar a la Ciudad a que su Área de Contratación recoja, "en cumplimiento de la actual legislación", la "prohibición" de contratar "con entidades que tengan sanciones firmes por delitos contra los derechos de los trabajadores, por infracción grave en materia de igualdad de oportunidades o infracción muy grave en materia social".

"La Administración, en su cometido de satisfacer y garantizar los intereses públicos, recurre de forma habitual a la contratación con empresas, a la aportación de subvenciones o al establecimiento de convenios con entidades que realizarán actividades dirigidas a dar respuestas a las necesidades de la sociedad", ha explicado en rueda de prensa la secretaria de Educación socialista, Sandra López Cantero.

Desde este punto de vista, "esta situación se convierte en clave para impulsar una corresponsabilidad y un papel más decisivo e influyente, desde la propia Administración, hacia un tipo de política más igualitaria y social". El PSOE considera que "el dinero público debe servir para contratar a aquellas empresas que además de ofrecer un bien o un servicio a un precio razonable, lo hagan contribuyendo en mayor medida a la cohesión social, la igualdad o a la sostenibilidad medioambiental".

"Las empresas y entidades que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo no deberían ser premiadas", opinan los socialistas.

En la actualidad existe "un amplio conjunto de normas de ámbito europeo, estatal y autonómico que establecen un mandato normativo y programático de diverso grado de obligación para la integración de cláusulas sociales" y, además, "las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres, a pesar de los avances que hemos dado, hacen que sea necesario ejecutar propuestas atrevidas, responsables y coherentes a los tiempos actuales". Para la dirigente socialista "lo mismo ocurre con las personas en riesgo de exclusión o las que tienen más dificultad de encontrar algún puesto de trabajo".

"Amplio margen" de maniobra

"Estamos convencidos de que Ceuta tiene entre sus prioridades el deber de combatir la discriminación de género y la justicia social y, por tanto, la necesidad de reestructurar ese compromiso verbal en hechos concretos y directos desde sus competencias de acción", ha señalado la miembro de la Ejecutiva de Carracao, que ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público ya prevé que la Administración "debe incorporar una serie de condiciones que eviten la discriminación".

Para ello tiene "un amplio margen a la hora de definir lo que quieren adquirir o subvencionar, así como sus características y limitación". "Es indudable que si en los pliegos de contratación, en las órdenes de subvenciones y en los convenios se incorporasen de una forma sistemática obligaciones que eviten discriminaciones y promuevan la igualdad tanto en las entidades como en las proposiciones, el efecto en los avances de la igualdad sería notable y contribuiría lógicamente al desarrollo de la política de igualdad de trato de la Ciudad Autónoma de Ceuta", ha argumentado.

Por otro lado, el PSOE también estima que la Administración "debe favorecer, mediante asesoramiento y la creación de una guía, a que las empresas puedan crear sus propios planes de igualdad".