Este fin de la semana he estado en Chiclana de la Frontera (Cádiz) para asistir a la boda de un amigo de los de toda la vida. Cuando íbamos para el enlace oímos unos pitos de una manifestación. Al día siguiente, mirando la portada de un periódico provincial vimos que la manifestación era de entidad y era contra las ordenanzas. Me sorprendió que hubiera tanta conciencia, pero ya en casa pude comprobar que el tema era mucho más concreto: la tasa de legalización de las viviendas ilegales.

En Chiclana, como en muchos otros municipios costeros, se han construido ilegalmente miles de viviendas, urbanizaciones completas. Los compradores y/o constructores se han ahorrado un buen dinero en urbanizar el terreno (hacer calles, ponerle alumbrado y esas cosas que se repercuten luego en el precio final que paga el comprador al promotor) y en conectarlo a los servicios (alcantarillado, agua, luz), así como han estado pagando un IBI de terreno no urbanizado.

Hay que decir que, mientras tanto, los ayuntamientos no hicieron nada o casi nada para detener esta orgía de construcciones ilegales, pero la suma de dos acciones malas no hace buena a ninguna de ellas, simplemente hay dos males.

Ahora, cuando el dios ladrillo ha muerto, todo el mundo quiere volver a la senda de la legalidad, lo quieren hacer a un coste reducido, quizá “porque ellos lo valen” y le piden a las administraciones que paguen (o les exoneren) de parte de la tasa de legalización, que lo que hace es cubrir los costes de todo lo que ellos no hicieron y pagaron en su momento.

Los manifestantes y su plataforma de defensa quieren que los que construyeron y compraron legalmente paguen dos veces por lo mismo: una por el precio de su vivienda y otra por los impuestos. Como dicen en mi tierra: “tienen más cara que espalda”.