La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta entregará este miércoles las listas de vacunados contra la enfermedad del coronavirus y el resto de documentación requerida por la Fiscalía el pasado 2 de febrero a través de la Policía Nacional después de que el MDyC en primer lugar y después el PSOE y Vox denunciasen presuntas irregularidades en el proceso de inmunización tras conocerse que cargos políticos como el exconsejero Javier Guerrero o el director territorial del INGESA, Jesús Lopera, habían recibido la primera dosis antes que personal sanitario de primera línea.

El Ministerio Público acordó incoar diligencias de investigación penal en un procedimiento unificado y, en un oficio a la Unidad de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, reclamó a la Consejería de Sanidad que, “con carácter urgente y en un plazo improrrogable de 15 días”, se aportase a la Fiscalía de Área “el expediente administrativo incoado en relación al proceso de vacunación con la COVID-19, las resoluciones (escritas o verbales) recaídas (con expresión de las autoridades o funcionarios que las hubieran dictado), criterios seguidos en relación a dichas vacunaciones y relación de vacunados hasta la fecha con expresión de sus grupos de vacunación”.

La Fiscalía advirtió a la Consejería en el mismo escrito “del perjuicio que le parará en Derecho la omisión de la entrega de dicha documentación, con posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia”. El departamento que ahora dirige Alberto Gaitán prevé aportar este miércoles toda la documentación requerida dentro del plazo estipulado para hacerlo, que según las cuentas de la Ciudad no expiraría hasta este viernes.

Fuentes gubernamentales no han aclarado si la lista que se facilitará al Ministerio Fiscal de vacunados por el INGESA incluirá los nombres y apellidos de los beneficiarios de las dosis o sólo su DNI, como únicamente recogía la relación facilitada para consulta a los partidos políticos con representación en la Asamblea, derecho de consulta que sólo ejercieron el PSOE y Vox.

Ambos partidos aseguraron tras verlas que habían detectado “irregularidades” en la gestión de las vacunaciones, pero no precisaron si por parte de la Ciudad (al margen de los casos de Guerrero, Benarroch y otra decena de trabajadores de alto rango de Salud Pública) o del INGESA más allá de Lopera.