Los trabajadores de las Brigadas Cívicas no quieren que la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso siga gestionando el Convenio a través del que la Ciudad Autónoma sostiene con dinero público su funcionamiento pero no son los únicos que quieren romper vínculos. La entidad vecinal no quiere tampoco que la Administración local mantenga vivo ese acuerdo, que ha derivado en un conflicto económico de imprevisibles resultado y consecuencias, y así volver a "centrarse" en su labor principal, "la defensa de los intereses de los residentes en la barriada".

Según han informado fuentes de la Asociación, cuya Junta Directiva tomó ese acuerdo este martes por la noche, toda la documentación sobre la gestión del Convenio del año pasado, cuyos pagos mensuales se mantuvieron hasta julio, ha sido ya entregada a la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios y Barriadas para que a su vez la haga llegar a Intervención.

El próximo lunes, 31 de marzo, vence el plazo para hacerlo. Cuando una entidad no es capaz de justificar qué destino ha dado a fondos públicos en ese plazo tiene, sobre el papel, que devolver todo lo percibido.

Hasta el ejercicio pasado sí se ha logrado acreditar ya con todos los parabienes de la Administración el uso de "unos 90.000 euros" que se habían quedado en un limbo documental.

Si da su visto bueno a los documentos recibidos sobre 2013, la Ciudad Autónoma deberá "hacer cuentas" también con los trabajadores para ver si han recibido lo que realmente les correspondía ingresar a lo largo de 2013 "o si alguno incluso tiene que devolver dinero", según han detallado fuentes conocedoras de los detalles de la gestión económica de las Brigadas Cívicas.

Después, el Ejecutivo de Vivas tendrá que decidir si prolonga la vida de las Brigadas a través de alguna otra entidad, como reclaman los trabajadores, que consideran "esencial" su labor, o da por finiquitada su existencia.

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