El artículo 10 de la Ley de Protección Jurídica del Menor establece que los menores "tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos y que se garantice su respeto". Para los extranjeros prevé expresamente que "tienen derecho a la educación" y, cuando se hallen en situación de riesgo o tutelados, "a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos". Todo ello "aun cuando no residieran legalmente en España".

A las instituciones, sin embargo, el cumplimiento de algunas leyes les preocupa más que el de otras. En la Estación de Ferrocarril funciona desde hace ya ocho años un 'colegio' que no aparece en ningún registro oficial. Está en el limbo, como los cuarenta niños y niñas de entre 5 y 17 años que acuden a sus instalaciones de 9.30 a 13.30 horas de lunes a viernes.

Entrar en sus dependencias, un local que la Asociación de Vecinos de la barriada cede a la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (DIGMUN), permite viajar a mediados del siglo pasado sin apenas moverse: alumnos que comparten mesa con otros que casi podrían ser sus hijos, como en la España del dictador; sin baño pero con pizarra como la de la misma época, una iluminación precaria, materiales escolares recolectados aquí y allá...

En la ciudad del Campus de los 30 millones de euros, este recurso, amparado por un proyecto denominado ‘Integra2’, no tiene más apoyo que el que le brinda una oenegé catalana, Intervida-Educo, con cuyo respaldo económico sufragan los contratos de las dos monitoras que atienden a los estudiantes con el objetivo de “proporcionales una rutina diaria escolar y vital similar a la que tendrían si estuviesen escolarizados”.

La coordinadora del proyecto, Paloma Manzano, tiene claro que en las dependencias que cede la Asociación de Vecinos de la Estación de Ferrocarril no se dan “clases de apoyo”. “Esto es, en realidad, un ‘colegio’ en el que intentamos cubrir el derecho a la Educación de cuarenta niños que viven en Ceuta y que no tienen por qué ser distintos al resto”, aclara.

Las clases se retomaron a finales de septiembre. La vicepresidenta de DIGMUN habla de “un colectivo al que nadie quiere y al que se le ignora”, de un grupo de jóvenes “solos y desprotegidos a los que ni la Ciudad Autónoma ni la Delegación del Gobierno ni el Ministerio de Educación tiene en cuenta y que se convierte en carne de cañón para todo tipo de cosas”. Cada niño del limbo tiene su propia historia, aunque todos permanecen atrapados en el bucle administrativo que niega la escolarización a quien no tiene el empadronamiento si no cuenta con la tarjeta de residencia.

Así, la asociación acoge a niños de familias que viven en Ceuta por motivos laborales (trabajan en la economía sumergida, buscan empleo...); a hijos de unidades monoparentales; pequeños no empadronados, aunque sus padres y sus hermanos lo estén, por no poder demostrar que tienen recursos suficientes para su mantenimiento; menores a los que "por diversas circunstancias" sus familias no inscribieron en los registros correspondientes en Marruecos, por lo que no han adquirido la nacionalidad del país vecino ni por supuesto la española y son apátridas; jóvenes vinculados por la 'kafala', que no puede equipararse a una adopción, lo que dificulta aún más el empadronamiento y la escolarización...

De la docencia se encargan dos personas y los voluntarios de ‘Pedagogía Ciudadana’, que una vez por semana, cuando no tienen clase en el Campus, se acercan hasta la Estación de Ferrocarril para dar clases de gimnasia o hacer pruebas de evaluación al alumnado, “que cada año es más numeroso”. De la Administración Pública, ni flores. “Nosotros”, señala Manzano en el Parque Infantil público que hace las veces de recreo, “no pedimos dinero: si nos pudiesen ayudar, mejor, pero lo más importante sería disponer de unas instalaciones más dignas, y todos sabemos que en esta ciudad hay espacios vacíos pero parece faltar voluntad”.

El colegio del limbo añora, también, un respaldo simbólico que no pasa por ladrillos ni por billetes. “Cada día nos enfrentamos a una nueva dificultad ante la que nos vemos absolutamente solos, sin ningún apoyo, sin ninguna puerta a la que llamar sin que parezca que estamos pidiendo cita en la Casa Blanca”, lamenta Manzano.

A falta de oídos sensibles cercanos, DIGMUN ha buscado auxilio fuera, en la Oficina del Defensor del Pueblo, al que ha remitido una queja oficial alertando de que “en Ceuta nos encontramos un importante número de niños que, independientemente de lo recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, no en todos los casos está escolarizados a pesar del esfuerzo de las entidades sin ánimo de lucro que trabajamos con ellos”. “Desde el Ministerio de Educación se niegan a reconocer la existencia de este colectivo, por lo que no les permiten escolarizarse, provocando que a un alto número de niños y niñas se les niegue el derecho a la Educación”, resalta la asociación en su misiva, que hasta la fecha tampoco ha tenido respuesta.