El primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, recurrirá de nuevo a la Justicia para que el Gobierno de Vivas saque a exposición pública su proyecto de remodelación integral de La Marina si no se aviene a hacerlo antes voluntariamente. Es una exigencia "técnica" fruto del asesoramiento "especializado" recabado por los localistas en una ciudad "extraña" como ésta en la que según Aróstegui "imperan las leyes y métodos de la mafia y cualquier arquitecto sabe que si se opone públicamente a la obra no volverá a contratar con la Administración".

Letrados al margen, el diputado ha asegurado que "cuatro" arquitectos distintos se han puesto en contacto con Caballas para trasladarle las pegas que encuentran "en relación con el conflicto de tráfico morrocotudo que generará la ejecución de la obra, el tamaño de las rotondas, la recogida de pluviales, las paradas de servicios públicos, el Patrimonio Cultural, etcétera".

Caballas considera que, de acuerdo con el PGOU vigente, el propuesto es "un proyecto de urbanización, no de obra, porque afecta a elementos fundamentales de la ordenación de una zona consolidada, por lo que es legalmente, no políticamente, imperativo que se someta a información pública para que toda la ciudadanía afectada por él directa o indirectamente pueda pronunciarse".

"Esto", ha repetido", no es la opinión de Caballas, es lo que establece la legislación y el PGOU, y si el Gobierno no lo asume haremos valer nuestros argumentos ante los Tribunales para que resuelvan", ha dejado claro tras tildar de "extraño" también que el presidente de la CECE, Rafael Montero, haya asegurado que ya se han introducido cambios en el proyecto "pese a que nadie los conoce formalmente mientras se sigue un trámite de adjudicación semiclandestino".

Según Aróstegui "el Gobierno tiene toda la legitimidad para tomar decisiones que se pueden compartir o no, pero no para hurtar a la ciudadanía su derecho a opinar". "No entendemos una gestión tan mala de este asunto que a nosotros nos parece innecesario, muy caro e inadmisible por constituir un dispendio económico, pero cada vez más ceutíes no entienden este despilfarro, por un lado, ni sus inconvenientes técnicos, por otro", ha concluido.

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