La reforma laboral aprobada la pasada semana acompañada por las severas medidas de austeridad adoptadas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, junto a la reforma del sistema financiero aprobada el jueves pasado, las disminuciones en las retribuciones de altos cargos de empresas públicas y entidades financieras así como, las que se irán adoptando en los próximas semanas, sentaran las bases que favorecerán la actividad y el empleo a pesar de las críticas de quienes están legitimados, pero perdieron hace mucho tiempo el derecho moral a hacerlo.

Pocos ciudadanos entendemos que las centrales sindicales mayoritarias (UGT y CCOO) hayan permanecido calladas durante estos siete largos años de desgobierno socialista, muy pocos entendemos que hayan permanecido calladas mientras se superaban los cinco millones de desempleados y aún menos, que hubieran mantenido un inmovilismo indignante cuando ejecutaron el mayor ataque al estado del bienestar de nuestra historia democrática por tanto ¿cómo podemos concederles credibilidad alguna en estos momentos?

Si los ciudadanos conociésemos algunos de los aspectos menos difundidos por las propias centrales sindicales, quizás podríamos comprender la posición de unos representantes que pierden poder político con el documento aprobado. La negociación descentralizada supone recortar de forma drástica su capacidad de influencia, propiciando el regreso de los liberados sindicales a sus lugares de trabajo. Sin liberados, o con éstos dedicados a sus obligaciones laborales, ya no será tan sencillo convocar huelgas y manifestaciones. Sin negociación colectiva centralizada, las grandes estructuras sindicales se tornan irrelevantes porque ya no tienen que discutir con el Gobierno ni con la patronal, sino con todos y cada uno de los empresarios de este país. La reforma laboral no es la solución definitiva, pero significa un decidido paso hacia la senda del crecimiento en una cuestión esencial para la sociedad española.