Porque es difícil comprender que el Gobierno de Juan Vivas no haya querido mostrar su profundo rechazo a una actividad repulsiva como ésta, más que demostrada y reconocida por el Ministerio de Defensa. Los oscuros y auténticos motivos que han llevado a esta situación sólo son conocidos dentro de la propia sede popular y, por un ejercicio de sana higiene democrática, deben salir a la luz. Los mejor intencionados pueden pensar en el temor a la pérdida de votos en el estamento militar, aquellos con una mente más enrevesada, o lúcida, elucubran hipótesis que harían resquebrajar los propios cimientos del partido. Lo único claro y real hasta el momento es el hecho constatable de que el PP no ha condenado el espionaje. El espionaje, que no el Ejército o la Comandancia, como se cansó de repetir el portavoz de la UDCE.

Es cierto que el PSOE también votó en contra, pero al menos intentó llegar a un acuerdo, con la intención de limpiar el nombre del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Algunos podrían acusar a la UDCE de no querer buscar un consenso para esta propuesta, pero  como explicó el propio Alí, ante la negativa del PP seguir dando vueltas a la cuestión era una pérdida de tiempo.

El Gobierno de Juan Vivas ha mostrado sus cartas. Desde ayer queda una cosa clara, y es que los ciudadanos de Ceuta pueden haber perdido la confianza en las instituciones, en las que recordemos depositan su derecho a la seguridad jurídica, personal y democrática. El Gobierno carga ya con el peso de la vergüenza.