Es asombroso cómo el ostentar las riendas del ejecutivo nacional hace que algunas formaciones políticas olviden e incumplan en tan poco tiempo todos aquellos compromisos manifestados de motu proprio durante las campañas.

Del mismo modo, recorte es la palabra estrella de estos últimos meses, la palabra de la temporada que, de una u otra manera, nos afecta a todos y a todas en nuestro día a día, y que se agudiza estando la gestión pública en manos de un gobierno de derechas para el que algunos derechos no son prioritarios. Además, si algo ha caracterizado y definido siempre los gobiernos del Partido Popular ha sido el recorte en los derechos sociales y asistenciales y por tanto, la reducción en la calidad de vida que ya tenía consolidada la ciudadanía.

De hecho, los presupuestos generales del Estado presentados suponen un recorte superior al 15% en políticas de servicios sociales y promoción social, reduciéndose las partidas que se destinan a mayores, violencia de género, infancia y familia o inmigración entre otras.

Ciertamente, los tiempos de crisis precisan de austeridad, pero la misma debe comenzar por ser autoimpuesta por los actuales gobernantes además de afectar a las rentas más elevadas antes que a las economías domésticas más precarias.

Es decir, antes que reducir las rentas de pensionistas y mileuristas (que constituyen un elevado porcentaje de la población), y de abaratar y facilitar el despido (que en absoluto contribuirá a un mayor número de contrataciones si no a facilitar las sustituciones y a tratar a trabajadores y trabajadoras del mismo modo que se hacía en tiempos de esclavitud) habría sido preciso que, en primer lugar, cualquier persona que dedique su tiempo a la política percibiera una cuantía mínima por ese concepto (con lo que nos ahorraríamos varios millones de euros) intentando con ello purgar a las personas que verdaderamente quieren dedicarse a la política por vocación de las que lo hacen con el único afán de beneficiarse a sí mismas; y del mismo modo resulta también ofensiva la amnistía fiscal que se va a aplicar a las rentas que afloren de la noche a la mañana, bien sean las llegadas del exterior como las que salgan a la luz en territorio nacional y que podrán regularizar su situación pagando un máximo del 10%. El colmo de la contradicción al respecto, es decir que se pretende luchar contra el fraude fiscal.

Por supuesto, como no puede ser menos en gobiernos de talante derechista como el que tenemos, la educación y la sanidad también sufrirán un duro varapalo que afecta especialmente a nuestra ciudad, sobre todo en lo referente a la educación respecto a la que protagonizamos las tasas más elevadas de fracaso escolar y a las que los recortes harán un flaco favor para luchar contra el mismo.

Al igual que nos afectará el recorte en las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes no peninsulares, superior a sesenta millones de euros, y que puede suponer la vuelta a los ya olvidados tickets de residentes, salvo que el gobierno local, atienda a las peticiones que les realizaremos desde nuestro grupo parlamentario.

En fin que, estos cien primeros días de gobierno del Partido Popular comienzan poniendo de manifiesto los incumplimientos de su propio programa electoral y de lo que decían que harían cuando eran oposición. Donde dijeron digo, ahora dicen Diego, no hay más que tirar de hemerotecas.