La Constitución de 1978, recogiendo este espíritu, así como el consenso de las distintas opciones políticas, reconoció en su Título octavo que el Estado se organizaba territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas, estableciendo el procedimiento de su constitución, que básicamente consistía en adoptar acuerdo desde las Diputaciones Provinciales y trasladar el mismo a las Cortes Generales.

Y aunque se hizo una distinción entre las denominadas regiones históricas (País Vasco y Cataluña, y posteriormente Andalucía) y las demás, en el sentido de que las primeras tendrían una mayor autonomía y posibilidad de gestionar sus propios intereses, al final el proceso de descentralización del Estado español ha llevado a la constitución de las 17 Comunidades Autónomas que conocemos. De esta forma, todas las antiguas regiones españolas han quedado constituidas en esta nueva realidad política, que las dota de un autogobierno, y de la posibilidad de gestionar sus propios ingresos y gastos, dejando a salvo determinadas competencias que siguen siendo exclusivas del Estado central, como la defensa, los asuntos exteriores, la recaudación de los impuestos más importantes, la caja única de la Seguridad Social, o la legislación básica sobre sanidad, educación, servicios sociales...etc. Este ha sido uno de los motores del desarrollo económico de los últimos tiempos. La política y la economía han estado gestionadas por personas más cercanas a sus propios territorios.

Ceuta y Melilla han quedado descolgadas de éste régimen y a expensas de un Estado que, jurídicamente hablando, sólo puede legislar en los aspectos básicos de las grandes áreas que les afectan, o en aquellas materias en las que tenga competencias exclusivas. Educación, sanidad, parte de los servicios sociales y urbanismo, por ejemplo, quedan sólo reguladas por la legislación básica. De esta forma, mientras que las Comunidades Autónomas, a partir de la legislación básica del Estado, desarrollan y mejoran esta legislación para sus ciudadanos, lo que repercute positivamente en sus intereses, Ceuta y Melilla, con una calificación jurídica híbrida de Ciudades Autónomas, pero sin autonomía, quedan al albur del gobernante de turno, que en muchos casos ni las sitúa geográficamente. Y esto sólo ocasiona disfunciones y problemas jurídicos, además de una crisis económica grave y persistente, que sólo saben solucionar a golpe de talonario.

No se pueden desarrollar reglamentos, ni proponer cambios legislativos. Sólo si el Estado lo autoriza, en determinadas materias se podrán elaborar reglamentos sobre administración, inspección y sanción. Sobre otras materias, como medio ambiente, o comercio interior, por ejemplo, sólo se tienen competencias de autoorganización, pero sin eficacia “erga omnes”, es decir, sin eficacia jurídica general. De esta forma, con el cobarde consenso de los grandes partidos mayoritarios se impide una y otra vez que estas Ciudades se conviertan en Comunidades Autónomas. Esta es la principal causa de su mermado desarrollo económico actual. Su marco jurídico no encaja en el mapa político español. Se carece del control de los instrumentos legales necesarios para fomentar su desarrollo económico. Ni siquiera se pueden pactar medidas para favorecerlo entre los agentes sociales, pues la Administración Central, que tiene la mayoría de competencias en asuntos laborales, se niega a hacerlo. La cultura de la subvención es lo único que les queda.

Hay una especie de consenso tácito entre determinados políticos para que no se tenga capacidad normativa, ni competencias en las grandes áreas, como la sanidad o la educación, pues para ellos es más seguro seguir bajo el manto protector del Estado benefactor. Craso y perverso error, aunque tremendamente beneficioso para sus bolsillos. Reflejo de su incapacidad personal, pero de consecuencias desoladoras y extremadamente perjudiciales para el resto de los ciudadanos. Pan para hoy y hambre para mañana. Miseria moral e intelectual, incompatible con el espíritu de servicio público que debía guiar sus actuaciones, pero de una utilidad extraordinaria para los intereses de Marruecos.

En estas elecciones, como en otras, todos serán un ejemplo de entrega a los demás y de espíritu de sacrificio. Unos dicen, Mariano Rajoy, que apoyarán la autonomía de ambas ciudades, si ello aporta algo más a su españolidad. Palabrería barata y hueca. La Constitución Española ya la proclama. Otros manifiestan, Rodríguez Zapatero, que no las olvidan. Pero las confunde. Lo que nadie dirá es cuándo se podrán tener los mismos derechos políticos y económicos que los demás ciudadanos españoles. Pero claro, es tiempo de elecciones. Sólo queda espacio para la demagogia y la autocomplacencia. Lo serio, si acaso, para más adelante.