No son buenos tiempos para rebajas fiscales. Casi tenemos cuatro millones de parados. Y el peligro de deflación se acerca. El déficit del Estado aumenta. Los ingresos de la Seguridad Social disminuyen. El crédito está restringido. Los ciudadanos no consumen por miedo al desempleo. Y por esta bajada del consumo, bajan los precios, lo cual contrae la oferta, pues tampoco se estimula la demanda. En estas circunstancias, pedir que de los dineros que podrían ir a paliar los problemas de los parados en Andalucía, o en Extremadura, o incluso en Ceuta, se destine una importante partida presupuestaria para aumentar las deducciones por IRPF y Sociedades a todas las rentas, parece algo imposible de conseguir, además de un abuso. Cosa distinta sería que dichas deducciones se aplicaran a las rentas más bajas.

En las sociedades avanzadas, la recaudación fiscal está siempre casi en el límite. Incrementar la misma puede incentivar el fraude. Disminuirla, puede poner en peligro el Estado de Bienestar. Por eso, lo que la Econometría analiza son los tramos de renta en los que una rebaja fiscal puede incentivar el consumo. Y esto suele ocurrir en los tramos bajos. Por ejemplo en rentas inferiores a 30.000 euros. En estos casos, una rebaja fiscal reactiva la actividad económica vía consumo. Sin embargo, a partir de determinados niveles de renta, estas rebajas no hacen más que transferir renta de los más pobres a los más ricos, sin que ello ayude a incrementar el consumo o la producción. Nada de esto se cuantifica, ni se estima, en la propuesta que hace la Ciudad Autónoma de Ceuta al gobierno central. Sólo se indica que Ceuta está en una profunda crisis, por diversas razones, pero no se analiza más. Un ejercicio de irresponsabilidad política que sólo pretende obtener réditos electorales de la casi segura negativa del gobierno de la nación a concedernos estas deducciones, pero que indirectamente también servirá para que los enemigos de esta tierra, que los hay y son poderosos, se carguen de razones a la hora de presentar un balance de los enormes costes que para el Estado suponen estas dos ciudades, incluyendo a Melilla.

Una de las explicaciones que se dan en el citado documento para pedir estas deducciones es la disminución de los fondos que llegarán desde Europa. Efectivamente, para el período 2007 a 2013 se prevé que Ceuta perderá un 30% de lo que venía percibiendo hasta el momento, al haber dejado de ser objetivo número uno, consecuencia del efecto estadístico que se ha producido por el incremento de los países que componen la Unión Europea. Pero también se podría haber intentado que Ceuta no perdiera estos fondos, para lo cual se debería haber explicado nuestra situación.

La ciencia económica ha estudiado la denominada teoría de las regiones funcionales. Economistas como Charlie Karlsson o Börje Hohansson, han explicado recientemente que se trata de regiones que, aunque administrativamente pertenecen a un país, sin embargo, funcionalmente sus economías están ligadas a otro distinto. Sería el caso de Ceuta en la situación actual. Una ciudad europea y española, aunque enclavada en el norte de África. Con un alto porcentaje de economía sumergida ocupada por trabajadores de Marruecos. Una gran cantidad de productos que se importan para ser revendidos a dicho país. Y un trasiego diario en su frontera de más de 30.000 personas. Las estimaciones econométricas disponibles nos indican que el desarme arancelario de Marruecos está influyendo negativamente en la evolución de las importaciones. Y también que dicha evolución negativa está perjudicando al Valor Añadido local. Sin embargo, al comparar dicha variable con el PIB del vecino país, nos muestran que ambas tienen una dependencia estadística significativa. Es decir, en la actualidad, nuestra economía está ligada al crecimiento económico de un país en vías de desarrollo como Marruecos, aunque administrativamente pertenezcamos a uno más desarrollado. Y cuanto mayor sea su crecimiento económico, mejor nos irá a nosotros.

Esta es la realidad, que los políticos no quieren ver. Una justificación suficiente para seguir reivindicando el mismo nivel de fondos europeos, que nos ayuden a cambiar nuestro modelo económico. Pero también para pedir la entrada en la Unión Aduanera y para fomentar acuerdos transfronterizos que ayuden a los ciudadanos de ambos países. Este es el camino. No pedir más subvenciones al Estado español.