Entre las razones para no prestar está el miedo a quebrar, según el editorial de las páginas de economía del diario El País, del pasado 25 de enero. Y es que, según se explica en dicho editorial, hasta el año 2000, las entidades financieras cubrían casi la totalidad de sus créditos con los depósitos de los ahorradores. Pero en los últimos años, estos pasivos sólo cubren el 80% de las necesidades de financiación de las familias y empresas, por lo que el otro 20% ha de financiarse con emisiones de bonos, fundamentalmente vendidos en el exterior, que han de restituirse a su vencimiento. Si a ello sumamos la necesidad de cumplir los coeficientes de solvencia impuestos por el Banco de España, o el cierre del mercado interbancario, por la desconfianza entre las entidades, dada la toxicidad de algunos de sus activos, a raíz de la crisis de las hipotecas 'subprime' de los Estados Unidos, la restricción crediticia está servida.

El reciente premio Nobel de Economía, Paul Krugman, lo explica de forma muy pedagógica: 'Sobre el papel, Gotham (un banco ficticio) tiene activos por valor de 2 billones de euros y unas deudas de 1,9 billones, de modo que tiene un valor neto de 100.000 millones de euros. Pero una fracción considerable de estos activos -pongamos, 400.000 millones de euros- son activos hipotecarios y otra basura tóxica. Si el banco intentase vender estos activos, no obtendría más que 200.000 millones de euros. Por consiguiente, Gotham es un banco zombi: sigue funcionando, pero en realidad ya ha quebrado...'. Esta es la realidad actual del sistema financiero mundial.

En los manuales de teoría económica se estudia que el equilibrio macroeconómico se consigue cuando lo que se invierte en el interior de un país y en el exterior, coincide con lo que se ahorra, más las transferencias de capital del exterior. En España, el volumen total de ahorro del país no cubre las necesidades de financiación de nuestra inversión. Necesitamos acudir al exterior en una cantidad cercana al 20% de la misma. Por esto nuestro déficit exterior es alto. Sin embargo, en una economía globalizada esto no sería ningún problema si no estuviéramos inmersos en una crisis financiera internacional en la que la mayoría de bancos han tenido que ser ayudados, al haber perdido valor los activos con los que contaban, por estar contaminados con las hipotecas 'subprime'.

Todo esto se traduce, en la práctica, en que el crédito no llega a las familias, ni a las empresas, a pesar de que el Gobierno ha inyectado liquidez al sistema financiero a través de varias subastas de dinero, pues al parecer no ha sido suficiente. Aunque también puede que estemos ante una situación en la que las grandes entidades financieras aprovechan la coyuntura para seguir obteniendo beneficios. Y ello a pesar de las restricciones del crédito, que es con el que obtienen gran parte de los mismos. Sin embargo, si pensamos que los grandes bancos españoles, por ejemplo, son las mayores empresas inmobiliarias de Europa, quizás podamos comprender por dónde van las prioridades de concesión de crédito.

En cifras, resulta que en 2008 el crédito a las familias cayó en un 30% y a las empresas en un 8%. Y esto se traduce en miles de pequeños empresarios que no pueden hacer frente a sus deudas, y que han de entrar en procesos concursales, o despedir a sus trabajadores, lo que a su vez lleva a una disminución del consumo, que alimenta la disminución de la oferta y, por tanto, la recesión.

La solución no es fácil. Pero pasa por la ampliación de las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial, para que estas pequeñas empresas, que constituyen el 80% de nuestro tejido productivo, puedan seguir adelante. Y para ello es esencial la colaboración de la Banca. El problema será si, a pesar de las reuniones y buenas palabras, no lo hacen, o exigen condiciones cada vez más ventajosas para ellos y perjudiciales para el sector público.

Si la situación se agrava y la cifra de desempleados se acerca a los cuatro millones, quizás será el momento de tomar decisiones y de dejar de tener 'paciencia infinita' con los banqueros, pues no debemos olvidar que, ante todo, su función ha de ser social, como la del resto de la economía. La Constitución Española es clara al respecto y prevé las medidas para corregir las desviaciones.