Las relaciones entre el Derecho y el Poder han constituido una preocupación constante de las distintas doctrinas y corrientes de pensamiento filosófico y social a lo largo de la historia de la humanidad, desde los sofistas griegos, hasta los estoicos, que construyeron una doctrina de la ley que sirvió de apoyo para el pensamiento cristiano. Más cercanos en el tiempo, cuando el poder de la razón se situó por encima de cualquier otra actividad, nos encontramos a Tomás Hobbes entre los defensores del poder absoluto, del Estado como Leviatán; a John Locke que fundamentó el liberalismo y defendió, por tanto, la necesidad de que el Estado no violara los derechos naturales del individuo, iniciando la doctrina de la separación de poderes, que más adelante completaría Montesquieu; o a J.J.Rousseau, que sentó las bases de la moderna democracia. En la actualidad, la forma de legitimación del poder político más generalizada, como Max Weber definió, es la denominada "legitimación legal", según la cual el poder político subsiste gracias a la transferencia que de la potestad de mando hacen los miembros de la sociedad a un centro de decisión único, con lo que la propia sociedad es siempre el titular último del dominio y los órganos que lo ejercen.

Desde el punto de vista del Derecho Penal, es claro, al menos doctrinalmente hablando, que las actuaciones del Estado en la prevención de la delincuencia, no sólo están legitimadas en una democracia, sino que se hacen imprescindibles para el mantenimiento del orden social establecido. Concretamente Beccaría, discípulo de Montesquieu, e impulsor de nuestro derecho penal de la Ilustración, creía que el fundamento de la pena estaba en evitar la comisión de delitos en el futuro, exigiendo que las mismas fueran proporcionales a éstos y que cumplieran el principio de legalidad.

Es en este contexto en el que se han de justificar las medidas de reinserción y redención de las penas, pues nuestro sistema penal, además de la función retributiva, para que el delincuente retribuya o “pague” a la sociedad por el daño causado, tiene una función más importante, como es la socializadora, para conseguir que éste se integre en el sistema de convivencia de todos.

Yo soy consciente de que de un preso que se considera político, que ha matado porque cree que con ello contribuía a la “liberación” de su pueblo “oprimido”, es muy difícil conseguir que pida perdón y que se integre en la sociedad. Bien, esto es necesario admitirlo. Pero lo que también debe quedar claro es que a un preso que se distingue de los demás por su especial crueldad y por su desprecio a las víctimas, y que además se pone en huelga de hambre para forzar la situación, sin dar la más mínima muestra de arrepentimiento, no se le pueden conceder beneficios penitenciarios, primero, porque la función que debe cumplir el Estado y el sistema penal es otra bien distinta, y segundo, porque el Gobierno ha de defender a toda la ciudadanía, y fundamentalmente a las víctimas del terrorismo, de chantajes y chantajistas de este tipo, pues hacerlo es una perversión del propio Derecho.

Y en esta labor del Gobierno y de nuestro sistema penal, lo más importante es la prudencia (a los prudentes les reservaban los romanos el ejercicio del Derecho). De esta forma, al igual que lo de Lasa y Zabala no fue el camino adecuado para vencer al terrorismo, como ya se demostró, tampoco lo es la actual política de paños calientes, que da un giro espectacular respecto a políticas antiterroristas anteriores, y que nos deja a todos a merced de una organización que no entiende otro lenguaje que el del chantaje y la extorsión.

Esopo, en el siglo I a.C nos decía que “la maldad no se deja amaestrar, aunque se le prodiguen muchos cuidados”. Esto lo hacía en el contexto de una de sus fábulas, la de “la gallina y la golondrina”, que narra cómo una gallina, que encontró unos huevos de serpiente, los incubó cuidadosamente, pese a las advertencias de la golondrina de que cuando crecieran comenzarían por hacerle daño a ella misma. De la misma forma, en el lenguaje terrorista no cabe otra cosa que no sea obtener sus objetivos, a cualquier precio. Y que no le quepa duda al Presidente Zapatero, que al primero que los terroristas perjudicarán en cuanto algo no salga como ellos quieren, será a él mismo.

Estas y otras enseñanzas del pasado, así como la enorme “alarma social” que el caso ha provocado en nuestra sociedad, nos deberían llevar a todos a recuperar la cordura y el sentido común, y a darnos cuenta de que nos estamos jugando el futuro de nuestro país y de nuestro sistema de convivencia, y ello por el empecinamiento de algunos, posiblemente con la mejor intención, en darles satisfacción a cuatro desalmados que quieren hacernos entrar al resto, que somos la inmensa mayoría de los ciudadanos, por lo que no son más que “fantasías” irrealizables, pues su idealizada “patria de todos los vascos”, de la que hablaremos en otra ocasión, bajo mi punto de vista, no es más que una deformación de la historia y de la realidad, por cuya consecución se tiene derecho a luchar, eso sí, pero nunca a matar o a suprimir la libertad a los demás.