Según he explicado ya en estas páginas ('El método alemán de financiación'), dicho método surgió en Alemania como consecuencia de las necesidades de financiación tras la unificación con la Alemania del Este. No era más que una fórmula para que dichas obras fuesen llevadas a cabo por las empresas privadas, sin necesidad de que tuviese que disponer de fondos la Administración, la cual las abonaría al finalizar las mismas, y podría cumplir los estrictos criterios de Maastricht. En España se introdujo también dicho sistema mediante el denominado 'contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio', pero sólo era aplicable a las obras públicas de carreteras, o infraestructuras ferroviarias, hidráulicas, de costas y medioambientales, del Estado y de las Comunidades Autónomas. Respecto a la Administración Local no se había desarrollado, aunque parece que ahora sí.

El problema que tiene este sistema es que decisiones adoptadas por políticos de ahora, se trasladan en el tiempo para ser pagadas, posiblemente, cuando, ni ellos, ni sus partidos, estén gobernando. Pero también se engrosa de forma alarmante la deuda pública, pues en dichas cantidades, las empresas contratantes incluirían los riesgos financieros y las expectativas de evolución de las tasas de interés del futuro. Es decir, técnicamente los bancos calcularán el valor actual de una inversión, cuyo capital se devolverá en el futuro, a unas tasas de interés, normalmente más elevadas de lo que realmente serán, pues incluirán la correspondiente tasa de riesgo. Lo normal es que no pierdan nada. Al contrario. El riesgo se traslada a la Administración Pública, que en lugar de endeudarse por sus procedimientos habituales, por ejemplo emitiendo bonos, lo hace acudiendo al mercado privado de capitales como si fuese un particular.

Frente a este sistema, en algunos países, principalmente anglosajones, pero también en otros como Japón, Francia, Italia, Alemania, o Hungría, se ha desarrollado un sistema alternativo, el que hemos denominado al principio PPP, que, según lo define la OCDE, no es más que un acuerdo entre la Administración y determinadas entidades privadas, de manera que éstas proveen algunos servicios públicos a cambio de unas cantidades, que sólo perciben si se cumplen determinados objetivos de calidad, o de cantidad. De esta forma, parte del riesgo se transfiere desde el Estado a las empresas privadas, que además de la inversión, tendrán que velar por el eficiente funcionamiento de dichos servicios públicos.

Precisamente es en Hungría, concretamente en Budapest, en el marco del Congreso de economía regional de los servicios (RESER), donde hemos estado debatiendo estos asuntos esta semana. Y en el estudio presentado por uno de los grupos de investigadores de la Universidad de Granada, sobre el desarrollo de dicho sistema de colaboración público privada en Inglaterra, se ha destacado, no sólo que ha habido un incremento sostenido de los mismos, tanto en cantidad de proyectos, como de dinero público empleado en todas las regiones del país, desde 1990, sino además, y esto es lo novedoso, que los mismos han ejercido influencia positiva, y estadísticamente significativa, en el mejoramiento de los índices de productividad del país.

En España no se ha desarrollado aún ese sistema con la fuerza de los países citados anteriormente. Sin embargo, resulta bochornoso que, mientras que los compañeros de partido de Vivas están bombardeando a diario al Gobierno de Zapatero por el crecimiento de la deuda pública, a pesar de que en 2008 nos situábamos en el 40% del PIB, por debajo de más del 60% de la Zona Euro, en Ceuta, ese mismo partido consiente una operación financiera de 45,6 millones de euros, para hacer tres aparcamientos y un Campus universitario, que debería haber construido el Estado.

Si para hacer una obra ficticia en el Campus universitario de Ceuta de 18 millones de euros ('Renta perpetua'), a mí me salían unas cuentas de un millón de euros anuales en concesiones administrativas de largo plazo, para poder recuperar la inversión, calculando al 6%, ¿a cuánto nos saldrán ahora los 25 millones de euros que dicen que va a costar el Campus, pagándolos a cuatro años, una vez se termine su construcción?.

Pero para entonces, el magnífico Consejero de Hacienda estará en Madrid en un puesto mejor, y Vivas estará felizmente retirado, dando quizás alguna clase en algún curso de la Universidad. Los paganos seremos, como siempre, los ciudadanos. Y los que firmarán los documentos de pago y se quebrarán la cabeza para buscar la financiación, posiblemente no sean ya del Partido Popular. Esta es nuestra ciudad. Y nuestro país.