Con la crisis, cada medida ideológica tomada por el Partido Popular se nos vende como medida técnica, como algo científico que debe hacerse sí o sí. El mantra es el siguiente: “el Estado de bienestar es insostenible. Recortamos por vuestro bien, porque lo dice la economía”. Tras la Educación y la Sanidad, ahora le ha llegado el turno a las pensiones. El Gobierno de Mariano Rajoy ha reunido a un grupo de expertos para decirnos que el mantenimiento de la Seguridad Social es un despilfarro, que esto no puede seguir así y que hay que recortar. Y que se lo agradeceremos. Al fin y al cabo, no lo dicen políticos, sino “expertos” sin ningún tipo de ideología, personas vacías de pensamiento político al parecer. Como si desligar la economía de la política no fuese un pensamiento político en sí mismo.

La ministra Báñez dice que la nueva medida supondrá un ahorro de 33.000 millones de euros. El lenguaje nunca es inocente. Lo que ella llama ahorro es, en realidad, un recorte, pero claro, saben que el ahorro es algo que se disfruta, mientras que el recorte es algo que se sufre. Hay que elegir bien las palabras para que las acciones entren mejor. Lenguaje político.

El caso es que también hay expertos que opinan que las afirmaciones de los expertos escogidos por el Gobierno no son más que falacias al servicio de un proyecto político concreto. ¿Cómo es esto posible? Pues porque la economía no son matemáticas. La economía, aunque tenga componentes técnicos y matemáticos, siempre, absolutamente siempre, está guiada por la ideología política y, en este caso, los que llevan el timón de la economía son aquellos que no creen en la público ni en la justicia social, aquellos que se muestran fuertes con los débiles y serviles con los poderosos. Y ponen a la economía al servicio de su modelo de sociedad.

El objetivo de cargarse el sistema de pensiones es el mismo que el de cargarse la Sanidad Pública o la Educación Pública: favorecer los sistemas privados. Esto es lo que afirman los 24 expertos disidentes que firman el documento “En defensa del sistema público de pensiones”, entre los que se encuentran economistas de renombre como Vicenç Navarro, Pedro Montes, Juan Torres o Juan Francisco Martín Seco. En dicho documento se desmontan, a través de 17 puntos apoyados en datos, las mentiras utilizadas por el Gobierno para llevar a cabo esta ofensiva contra los pensionistas que pasa por convertir, una vez más, los derechos en privilegios, otra táctica política clásica: nadie está a favor de recortar derechos; todos estamos a favor de recortar privilegios. Joan Rosell, presidente de la CEOE, dijo que había que “recortar privilegios a los trabajadores indefinidos”.

Evidentemente, hablaba de recortar derechos conquistados. Cosas de la neolengua.

En el artículo 50 de nuestra Constitución puede leerse que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”. Según los datos, el 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza. España destina al sistema público de pensiones el 10% del PIB, mientras que la media de la eurozona es de un 12,2%. Esta es la realidad.

Mientras que ningún alto directivo de Lehman Brothers ha pisado la cárcel y mientras que nuestros banqueros se jubilan con pensiones millonarias, los trabajadores son desahuciados, se suicidan, se quedan sin trabajo y sufren todas las consecuencias de una estafa bautizada como crisis. Esa es la manera que la derecha tiene de sacarnos de la crisis. No es técnica, sino ideología.