Yo les recordaría a todos sus miembros cada una de las actuaciones desarrolladas en nuestra ciudad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantes de la seguridad pública. Porque es de justicia reconocer una labor destinada a asegurar la convivencia pacífica, la utilización pacifica y ordenada de vías y espacios públicos, erradicar la violencia de nuestras calles y evitar la comisión de delitos contra los ciudadanos y sus bienes. Poner en duda esta labor es poner en duda la validez de un Estado de Derecho, que nos protege a todos, incluso a quienes arriban de manera irregular a nuestra ciudad.
También les recordaría a todos sus integrantes la redacción y aprobación por un Gobierno del Partido Popular, de la Ley de Seguridad Ciudadana, una Ley que protege los derechos y libertades individuales de las personas frente a la acción de los violentos. Por cierto, una Ley equiparable a las leyes actualmente vigente en otros países democráticos de nuestro entorno, que incluye la regulación legal del rechazo en frontera de aquellos inmigrantes irregulares interceptados mientras asaltan los elementos de contención fronterizos. ¿Qué sería de Ceuta, España y la Unión Europea sin un control firme de nuestras fronteras exteriores en las circunstancias actuales?
No es momento de negar una realidad incuestionable, como tampoco es momento de negar que los políticos que aprovechan esta supuesta sensación de inseguridad como arma arrojadiza contra los gobiernos de la Ciudad y de España, son los mismos que en el Congreso de los Diputados han unido fuerzas para aprobar la derogación de una Ley beneficiosa para proteger a nuestra ciudad de la llegada masiva descontrolada de inmigrantes irregulares. Sin ninguna duda, no podemos generalizar, no debemos criminalizar a todo un colectivo, pero tampoco podemos hacer oídos sordos a una realidad más que evidente.