La Fampa, y yo personalmente, hemos defendido siempre, como un objetivo irrenunciable, la reducción de la ratio de alumnos por grupo como un elemento clave para revertir las vergonzosas cifras de fracaso escolar que asolan nuestra Ciudad. Así mismo, somos firmes defensores de la legalidad, y de una política de escolarización que no sea discriminatoria en ningún caso.

En la Comisión de Escolarización de este Curso, se fijó como límite máximo en infantil de 3 años una ratio de 25 alumnos por grupo. No hubo discrepancias, aunque se advirtió de que se estaban ofertando plazas inexistentes. Era muy improbable (como así ha sucedido) que las obras de la antigua facultad de humanidades estuvieran finalizadas a tiempo.

Durante los meses de verano, en pleno conflicto institucional, con una administración convulsionada, y un proceso de relevo en marcha, el Director Provincial, Cecilio Gómez escolariza, de manera absolutamente ilegal a seis alumnos. La Fampa ha pedido la documentación al respecto, ha solicitado la revocación de las resoluciones ilegales, y está a la espera de recibir la documentación para presentar la correspondiente denuncia en el juzgado. Suponemos que UGT (o al menos su sección de enseñanza privada), por pura coherencia, presente también una denuncia. En caso contrario, y después de la publicación de su misiva, habría que concluir que “perro ladrador…..”

Aduce en su escrito la sindicalista que el incremento de la ratio se ha hecho de manera ilegal. Quizá se trata sólo de ignorancia. La norma que regula el proceso de escolarización, como todo lo que está haciendo el MECD, es profundamente antidemocrática, y permite al Director Provincial resolver la excepcionalidad sin contar con la Comisión de Escolarización. No compartimos en absoluto esta norma. Nos parece una prueba más del estilo “caciquil” con el que se emplea el MECD, pero no es ilegal.

El análisis del incremento de la ratio está absolutamente desenfocado (no sabemos si intencionadamente o simplemente por error). No se establece en función de las “listas de espera” de los centros, sino del lugar de residencia de los alumnos que han sido escolarizados de manera forzosa, y la proximidad al centro asignado. En este sentido, es preciso tener en cuenta que la mayor parte de alumnos a los que se les asignó un centro por la Comisión de Escolarización, terminaron en la “ampliación del José Acosta”, un centro que es, a fecha de hoy, inexistente. La obra no se ha concluido, La posibilidad de albergarlos provisionalmente en las “aulas adscritas al Mare Nostrum” se aleja porque los técnicos no aceptan la “recepción provisional”.

La única solución era distribuir el excedente entre los colegios más próximos a los lugares de residencia de los afectados. La Fampa es claramente reivindicativa, y lo va a seguir siendo independientemente de las personas que dirijan la Dirección Provincial. Pero también tenemos sentido de la realidad, queremos lo mejor para los alumnos, y que las cosas funcionen. Este año, casi todos los colegios públicos (excepto uno, o a lo sumo dos) tienen una ratio de 25 alumnos por grupo en infantil de tres años. No es lo ideal, pero es un avance.

Lea también:

- 'Escolarización a la carta... Pero para unos pocos', artículo de África Murcia, secretaria de Privada Concertada de FETE-UGT