Como en ediciones anteriores del balance, la información se presenta de forma algo confusa (los datos relativos a Ceuta y a Melilla, por ejemplo, se siguen ofreciendo mezclados, como si de una sola ciudad se tratara). Pero, en cualquier caso, el documento brinda información cuantitativa (oficial) útil a quienes se interesan por las dinámicas migratorias en la frontera sur de la Unión Europea.

Sin embargo, el balance sería todavía más útil si incorporara y complementara datos sobre el número de fallecidos, el número de heridos o el presupuesto desembolsado en el marco de las operaciones de control fronterizo coordinadas con Marruecos. Algunos de estos datos, por cierto, están disponibles en informes de la APDHA, de Oxfam o de ODI.

En el balance del Ministerio se argumenta que las Oficinas de Protección Internacional ubicadas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, e inauguradas en 2015 por Jorge Fernández Díaz, “han ayudado considerablemente a gestionar las posibles peticiones de asilo”, en particular de ciudadanos sirios.

Para que podamos entender de manera nítida qué significa para el Ministerio “ayudar considerablemente a gestionar las posibles peticiones de asilo”, el informe debería explicar algo más. Debería explicar por qué, mientras algunos sirios (no todos los que quisieron, por supuesto) sí pudieron acceder en 2015 a las citadas Oficinas de Protección Internacional, para los ciudadanos de origen subsahariano resultó prácticamente imposible acceder a ellas.

De cara al balance del próximo año resultaría de gran utilidad poder contar con más datos oficiales relativos al coste humano y económico del actual modelo de control fronterizo en Ceuta y Melilla. Y sin duda también sería clarificador conocer más a fondo cómo, desde la óptica del Ministerio, lo ocurrido en Ceuta el pasado 10 de septiembre (en fluida cooperación con Marruecos) casa con la gestión de posibles peticiones de asilo de quienes estuvieron nueve horas encaramados a la valla.