Su finalidad es formar a seres aptos para gobernarse a si mismos y no ser gobernandos por los demás. Por ello, el gobierno de la nación debe formar a personas y no a autómatas programados según unas determinadas directrices.

El artículo Nº27 de la Constitución Española recoge que "todo ciudadano tiene derecho a una educación y se le reconoce la libertad de enseñanza", lo que también debe ser tenido en cuenta por el ministro Wert, que no propone una educación más justa e igualitaria, sino, el fomento de políticas clasistas, retrogradas que nos trasladan a épocas preconstitucionales.

El adoctrinamiento religioso no debe suponer unos de los pilares básicos donde se sustente el futuro de nuestro país. La sociedad moderna precisa más de contenidos relativos a la autonomía personal y al propio desarrollo de las personas y al " aprender a aprender" que quedarse tan solo con "avemarias, y padrenuestro y milagros de nuestra señora".

La ciudadanía no está de espaldas a la realidad, a pesar, de lo que piensa el ejecutivo popular, y ha expresado en la calle su sentir, y es que la falta de diálogo del ejecutivo de Rajoy en matería de educación, debido a la falta de apoyo y consenso de la comunidad educativa, es decir, padres, madres, alumnos, expertos en el area, sindicatos y profesores, que han retrasado la puesta en marcha una ley de estas características.

Otro aspecto a destacar de la ley Wert es la segregación del alumnado en forma de revalidas, itinerarios separados y falta de recursos, cuando en situaciones como la actual, discentes y docentes requieren un mayor apoyo para seguir adelante y sin obstaculos. Porque al contrario de lo que piensa el ministro Wert el sistema educativo no es una "empresa" ni los educandos son piezas en su juego. Asimismo Wert quiere poner en solfa y comparar esta compentencia empresarial con la de los paises punteros en el informe PISA, pero olvida la inversión en educación que se realizan en estos y en contrapunto olvida que aquí nos aplica un sinfín de recortes.

En definitiva Wert está hundiendo lo conseguido durante más de 30 años de democracia.Y nos propone más presencia religiosa en las aulas y menos contenido cívico, privando de una actitud crítica del alumnado y de los propios profesores; ratios más elevadas y menos profesionales docentes; lo que supone una pesada carga para la consecución del proceso enseñanza-aprendizaje, donde las clases pudientes tendrán más posibilidades de éxito con respecto a los que menos tienen, donde se separa el alumnado por sexos, subida de tasas universitarias, falta de diálogo, el desprecio a la puesta en valor de elementos regionales como el idioma que configuran el quehacer y el sentir de un determinado grupo de personas, y donde no se invierte en el verdadero motor de la economía: el alumnado.