Esta realidad no es nueva para los caballas, el problema es que no nos resulta anecdótico, extraño o excepcional. Al contrario, lo afrontamos como lo más normal del mundo para nosotros, no nos escandaliza ni nos sorprende encontrar cómo una casa baja se convierte en cuestión de un par de meses en un edificio de tres alturas, o cómo un bloque relativamente nuevo de viviendas transforma sus áticos diáfanos en cerramientos de obra aumentando su habitabilidad, todo ello con la certeza más que absoluta de que carecen de licencia para ello, sin el más mínimo miramiento a si ponen o no en riesgo la estructura del edificio y, evidentemente, sin pagar los impuestos y tasas correspondientes. Y no hay que irse a barrios periféricos para ver todo esto, en la misma Plaza de los Reyes puedes levantar la vista a algunos edificios y comprobar cómo ejecutan esas obras en los áticos con total impunidad. Y si lo hacen en pleno centro a la vista de todos, ¿por qué no lo iban a hacer en otros lugares?

Partamos de una premisa esencial para intentar explicar el problema, y que no debería ser explicada por su obviedad. Las leyes están para cumplirlas. La norma legal no es un invento que deben cumplir sólo las empresas “legales” a la hora de edificar. No es aceptable desde ningún punto de vista que una edificación necesite disponer de planes de urbanización, estudios de detalle, proyectos de ejecución, licencias de obra, permisos de inicio de obras, pago de tasas urbanísticas, pago de impuesto de construcciones, control técnico de empresas especializadas, seguros de obra, licencia de primera ocupación, cédulas de habitabilidad, seguros decenales, etc,… cuando un particular llega y levanta con tres obreros (algunas veces de Marruecos sin ningún tipo de papel) unos muros, unas escaleras, enganchan los suministros que necesitan a la red pública, y como dicen los catalanes “cap problema”. Hay, pues, ciudadanos que pagamos nuestros impuestos al comprar una vivienda y que pagamos el coste de todo el proceso legal, y otros a los que se les permite no hacerlo.

Pues esto, está pasando hoy, pasa desde hace mucho tiempo, y desgraciadamente no tiene visos de que se le vaya a dar una solución inmediata. Al contrario, tiene todas las perspectivas de agravarse aún más con ordenanzas como las que está pendiente de aprobación definitiva en la que se quiere “premiar” a muchas obras ilegales con una cédula de habitabilidad totalmente legal, argumentando para ello razones de índole “social”. Hay algo muy evidente, y es que el problema de las obras ilegales salta a la vista. No se puede aducir el desconocimiento, porque cualquier ciudadano lo puede comprobar día a día por las calles si no cierra los ojos, cuánto más las autoridades competentes. Por tanto, al margen de las razones, lo que falta es una voluntad política manifiesta de atajar el problema con contundencia, expedientando y sancionando efectivamente a los infractores e incluso llegado el caso derribando la construcción en sí. Pero eso no se hace, y esa inactividad, esa dejadez y desidia da alas al que opera ilegalmente. Porque si permiten hacer eso en un solo caso , ¿qué va a impedir que lo haga también el vecino?

La siguiente pregunta es inevitable: ¿por qué se permite esto? Aquí entramos en el terreno de las elucubraciones y opiniones, pero la primera y más evidente respuesta que acude a nuestra mente es la explicación política. Cuando un problema ya no es un problema, sino que se ha convertido en toda una característica que define a la propia ciudad, ¿cómo se va a poner el gobierno a molestar a una masa tan importante de potenciales votantes? Mejor cierran los ojos y premian la ilegalidad disfrazándola de razones humanitarias y de justicia social y dándole un soporte legal a través de una ordenanza. Así todos contentos y en las próximas elecciones quizás recuerden quién les ha hecho el favor… menos los que pagamos nuestros impuestos.