Ya nos ha quedado claro que para el Ejecutivo Local, la lista de las 317 VPO de Loma Colmenar, es una lista “fantasma” que nunca ha existido; ya sea porque supuestamente no se ha respetado el procedimiento reglamentariamente establecido al efecto (algo que es imposible saber hasta que no haya un pronunciamiento judicial, puesto que recordemos que el asunto se encuentra en manos de la justicia, sobre todo cuando esta fórmula ha sido el procedimiento seguido para asignar todas las promociones anteriores), o ya sea porque ni a Vivas ni a los que se muestran tan incómodos y molestos cada vez que se nombra esa lista “fantasma”, no les interesa lo más mínimo que se hable de ella.

Pues bien, frente a esta postura que mantienen tanto el Partido Popular como los que han respaldado su cuestionable decisión de rechazar cualquier actividad política que suponga trabajar en la línea de tomar las medidas necesarias para que los procesos de adjudicación de las VPO en nuestra ciudad nunca vuelvan a estar rodeadas de la oscuridad, falta de transparencia y la incertidumbre que siempre los ha rodeado y caracterizado; frene a ello, en el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), nos mantenemos firmes en nuestra postura, cual es la de no perder la oportunidad de investigar los hechos acaecidos, empezando por analizar las causas de la publicación de la famosa lista “fantasma” – que recordemos que tras la misma existían contratos preparados para firmar, con nombres y apellidos, que “casualmente” aparecen en esa lista; fianzas abonadas por personas que “casualmente” también aparecen en la lista; boletines para la contratación de servicios, emitidos para cada una de las viviendas; y documentos firmados hace varios años por personas responsables del Desgobierno del Sr. Vivas, que acreditan los compromisos adquiridos con personas que igualmente, una vez más, “casualmente”, aparecen en esa lista-, y continuando por comprobar expediente a expediente quiénes cumplían los requisitos para ser adjudicatarios y quiénes no, con todas las consecuencias laborales y penales que ello conlleve.

Todo esto, que debería verse como lo más lógico dentro de las funciones de fiscalización y de ejercicio de transparencia y legalidad por parte de los representantes de la ciudadanía, resulta sin embargo, para algunos, una actitud molesta y hasta se ha llegado a calificar como una idiotez.

Pero como desde nuestra formación socio-política no tenemos nada que ocultar, y estamos convencidos de que el interés general de los y las ceutíes debe prevalecer siempre sobre cualquier interés particular, nos negamos a ser cómplices de quienes posiblemente pretendan ahora ocultar sus vergüenzas, tratando de hacernos ver que todo ha sido una ilusión y que únicamente vemos listas “fantasmas” donde no las hay.

Y como creemos que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, desde el MDyC no vamos a ceder a ningún tipo de presión que intente hacernos dar marcha atrás en nuestra tarea, que en estos momentos, no es ni más ni menos, que la de indagar en los hechos hasta llegar al fondo del asunto, y que se esclarezcan de una vez por todas los hechos ocurridos, sin olvidar nuestra intención de que se depuren las responsabilidades políticas a que todo ello pueda dar lugar. Por lo que insistimos en la necesidad de paralizar la entrega de la promoción hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.