Si nos detuviéramos a enumerar cifras y situaciones adversas que nos acucian, posiblemente la lista nos ocuparía un espacio muy extenso. Las palabras claves como el paro, recortes y corrupción, desgraciadamente sintetizan las preocupaciones que afectan a los que salieron a la calle.

El Gobierno del país, así como el de nuestra ciudad autónoma, cuentan con la legalidad y legitimidad democrática que les otorgaron las urnas, hecho incuestionable que no se pone en duda, como el trabajo de los gobernantes. Ahora bien, el que un gobierno haya ganado las elecciones no impide que los ciudadanos puedan seguir pensando y se muestren críticos ante lo que sucede en la realidad. Miembros del actual Gobierno y del partido que lo sustenta, también participaron en manifestaciones en la pasada legislatura, circunstancia que es perfectamente legal y que cuando lo hicieron no ocurrió nada.

La Constitución, entre otros derechos, ampara también el de manifestación y el derecho que asiste a los ciudadanos que lo ejercen, haciendo uso de su libertad. Pero cuando se adopta la decisión de asistir y participar manifestándose, además de hacer uso de la libertad, están los motivos y razones que impulsan a los ciudadanos a expresar, reivindicar y demandar soluciones para unos derechos que se consideran lesionados.

Esas razones merecen todo el respeto, especialmente cuando uno de los problemas es que cientos de miles de familias tienen a algunos o todos sus miembros sin trabajo, con el agravio que padece la juventud de Ceuta y de nuestro país en general, que cuenta con una de las generaciones más preparadas, con jóvenes que han dedicado su vida al estudio y no encuentran respuestas a sus demandas laborales, que les permitan vivir con un salario digno.

Otras razones tienen que ver con determinados colectivos, que están siendo víctimas de los recortes que padecen a nivel individual o los que afectan a determinados servicios públicos esenciales, como son la sanidad, educación, las prestaciones sociales y los problemas de la igualdad. Todo se agrava si también unimos el tema de la corrupción, que no favorece la credibilidad de determinados altos cargos públicos, cuando tienen que exigir a los ciudadanos sacrificios, mientras falta la transparencia del funcionamiento de la organización a la que pertenecen, sin olvidar el enriquecimiento insultante de personas que han formado parte de la misma.

Es cierto que también hay ciudadanos que no se manifiestan y que están en su derecho de no hacerlo por las razones que consideren, pero pienso que sería un error por parte de los gobernantes, llegar a conclusiones de estrategias premeditadas contra la actual administración y de falta de solidaridad con la misma, porque desgraciadamente los problemas están ahí. Desafortunadamente esto no es demagogia, es una cruel realidad que traspasa los muros de los domicilios y llega a la responsabilidad de madres y padres de familia, de jóvenes y ciudadanos que no pueden vivir sólo de promesas.

No debo dejar de mencionar que por el Gobierno de la nación se han adoptado medidas y que a nivel local también, con la participación y colaboración de los miembros de la oposición, pero con medidas presupuestarias muy insuficientes, mientras que se producen otros gastos más innecesarios, que deberían estar subordinados al interés prioritario de los problemas tratados, en una ciudad donde se da el mayor índice de paro y pobreza de España y de Europa. No podemos obviar las ayudas de la Unión Europea; pero el tiempo apremia, el sufrimiento de las familias y los ciudadanos necesita que las medidas adoptadas se agilicen, que la maquinaria burocrática acelere las soluciones.

Hace falta también una mayor regeneración de la democracia, es necesaria más cercanía de la política y los políticos a los ciudadanos, una Reforma de la Ley Electoral, que favorezca una elección más personalizada y una circunscripción más próxima, que permita más transparencia y donde la opacidad no salga beneficiada.

Es importante la participación social, que la ciudadanía levante la voz, para que ésta se oiga y llegue hasta los despachos de las más altas autoridades locales, nacionales y europeas, porque en definitiva están al servicio de los ciudadanos, que necesitan ser escuchados, encontrar un bálsamo ante el sufrimiento y obtener respuestas a sus demandas.

Ciudadanos, que con sus razones y su responsabilidad cívica en el desarrollo de las manifestaciones, engrandecen la democracia, que vería incrementado su valor con la confluencia, colaboración, y entendimiento de las principales organizaciones políticas, sindicales, sociales y económicas del país.