En la Jornada de Acción Europea que se celebra mañana miércoles, esta central sindical vuelve a mostrar su rotunda oposición a la reforma laboral aprobada recientemente por nuestro gobierno, al mismo tiempo, que expresa el apoyo a las alternativas del movimiento sindical para salir de la crisis. Desde 2010, las instituciones europeas están imponiendo políticas de austeridad, ajustes presupuestarios y recortes sociales. Frente a ello, el sindicalismo está presentando alternativas sólidas a tan injustas políticas fracasadas. Los recortes presupuestarios están provocando la pérdida de decenas de miles de empleo. Y lejos de mejorar la situación, los gobiernos están empeñados en continuar con medidas de duro ajuste y pérdidas de derechos, como se ha evidenciado con la reciente reforma laboral en nuestro país.

El Gobierno del PP ha propuesto, sin consulta alguna con los interlocutores sociales, una reforma laboral que supone el mayor ataque a los derechos de los trabajadores en democracia. Dicha reforma facilita y abarata el despido: la mayoría podrán ser considerados procedentes, con 20 días de indemnización por año trabajado, y la indemnización de los improcedentes se rebaja de 45 a 33 días y su tope de 42 a 24 mensualidades.

Se suprime la autorización administrativa para los ERE y se abre la puerta para despedir a los contratados laborales fijos de las Administraciones Públicas. Se permite el despido procedente de trabajadores en baja justificada por enfermedad. El nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, especialmente bonificado, tendrá despido libre y gratuito durante el primer año. Este contrato junto con el nuevo, y también precario, de formación para jóvenes desmienten todo lo dicho sobre la necesidad de reducir los tipos de contrato. También se degrada el contrato a tiempo parcial permitiendo que el empresario modifique unilateralmente su jornada.

Uno de los peores capítulos de la reforma es el que se refiere a la negociación colectiva. Vulnerando en cuestiones clave el acuerdo recién suscrito entre sindicatos y patronal, concede al empresario la capacidad para modificar unilateralmente todo lo pactado en el convenio, incluidos los salarios, equiparando las causas de descuelgue a las del despido objetivo. Toda la nueva norma está orientada a individualizar las relaciones laborales, potenciar el convenio de empresa –debilitando los convenios sectoriales- y reforzar al máximo la capacidad de decisión unilateral de los empresarios para fijar las condiciones de trabajo, debilitando la capacidad de acción de los sindicatos para defender a los trabajadores.

Las políticas que aplican las autoridades europeas con la intención de ganar la confianza de los mercados, están suponiendo un completo fracaso. La crisis de las deudas soberanas se ha extendido y hecho más aguda. Los objetivos de reducción de los déficits públicos tampoco pueden cumplirse, y los daños colaterales de estas medidas son dramáticos: se ha pasado de la recuperación de la economía a una nueva recesión, el paro ha aumentado, lo mismo que la pobreza y la desigualdad.

El sindicalismo europeo ha presentado alternativas a estas medidas. Frente a la crisis de las deudas soberanas, hemos propuesto emisión de eurobonos, reforma del Banco Central Europeo, impuesto a las transacciones financieras, supresión de los paraísos fiscales, regulación del sistema financiero para que los poderes públicos gobiernen a los mercados y no al revés como sucede hoy… Frente a la recesión económica y al paro, hemos propuesto un plan europeo de inversiones de economía sostenible, programa europeo de empleo juvenil, ampliación de los plazos para la reducción de los déficits públicos, etc.

Frente a las contrarreformas estructurales, proponemos un Nuevo Contrato Social Europeo para renovar y reforzar los pilares del Modelo Social Europeo y preservar el Derecho Laboral y la negociación colectiva. Y frente al modelo antidemocrático del nuevo tratado: gobierno económico de Europa que tenga también competencias sobre impuestos y persecución del fraude fiscal, que priorice el empleo y el crecimiento sostenible, que se ocupe de las políticas industrial, energética y medioambiental, y que responda ante el Parlamento Europeo.

Sin embargo, la aplicación en nuestro país de políticas de austeridad y recortes sociales, tiene efectos devastadores en la actividad económica y el empleo. Tenemos las cifras de paro más elevadas de la UE, crece el número de parados que no percibe en ningún tipo de prestación y el de familias con todos sus miembros en paro. Esto ha provocado que se disparen los índices de pobreza y desigualdad social. Si se emplean recortes en las administraciones públicas, además de suponer importantes reducciones salariales a los empleados públicos, congelación de pensiones y hundimiento de la inversión pública, se está produciendo una pérdida de decenas de miles de empleo.