Es una declaración de intenciones que perjudicará la confianza de Europa y de los inversores en Cataluña. Creará inestabilidad política y jurídica y, por tanto, no ayudará a salir de la crisis económica. Estamos ante un acto irresponsable que sólo se puede entender por la debilidad de un presidente que es un juguete en manos de Esquerra Republicana. Es un mensaje contra el Estado de Derecho, fundamento de la democracia y la convivencia. Sus promotores apelan a la legitimidad democrática para defenderla, pero no existe democracia sin legalidad.

Va contra la Constitución española, que en su artículo 1.2 declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado”. Si los promotores de la resolución quiere cambiar la Constitución que votamos entre todos, se han de pronunciar todos los españoles. La cuestión no es el derecho a decidir sí o no; el auténtico debate es quien tiene derecho a decidir y lo tenemos el conjunto de los españoles. Esta declaración independentista también va en contra del Estatuto de Autonomía, que en su artículo 1 declara que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma”. Para reformarlo, son necesarias 2/3 partes del Parlamento, 90 diputados. La resolución obtuvo el apoyo de 85.

Es un mensaje contrario al espíritu europea de integración, que no encontrará ninguna simpatía al otro lado de los Pirineos más allá que la de los partidos euroescépticos. Invocar la voluntad de una supuesta mayoría en contra del Derecho es apartarse del modelo europeo de democracia constitucional. El derecho comunitario en ningún momento ampara las pretensiones separatistas. Si un territorio se separara de un estado miembro, dejaría de ser territorio de la UE y los ciudadanos de este nuevo Estado dejarían de ser ciudadanos comunitarios. Los catalanes tienen derecho a saber los costes del proyecto separatista de Artur Mas.

La aventura independentista de Mas presenta riesgos para las empresas catalanas. En su delirio separatista y después de su fracaso electoral, Convergencia ha asumido el programa económico de ERC. La economía ni ocupa ni preocupa al nuevo gobierno, cuando la suma de ERC y CiU ha impedido dedicar un pleno monográfico a la lucha contra la crisis, como pedía el Partido Popular.

Celebramos que el PSC haya dejado de lado los complejos que siempre le acompañan y se haya unido al PPC y le damos la bienvenida al lado de la legalidad democrática. En los temas importantes, cuando la convivencia y la concordia están en juego, la abstención hubiera sido el voto de los cobardes. No obstante, el PSC es un partido roto. Una cuarta parte de sus diputados decidieron ayer romper la disciplina y no votar. No podemos decir lo mismo de la Unió del Josep Antoni Duran Lleida. Sus trece diputados en el Parlamento tuvieron ayer la oportunidad de no dar un aval al separatismo, ni a las políticas económicas del tripartito, pero no lo hicieron. Y todo ello mientras Duran estaba en Chile representando al Gobierno de España.

El PPC está de acuerdo con lo que han pedido los empresarios catalanes estos últimos días, igual que también lo pone de manifiesto el último estudio de La Caixa sobre la economía catalana: hay que evitar el choque de trenes, evitar la inestabilidad y trabajar juntos para conseguir un mejor sistema de financiación.

El PPC ofrece a los catalanes una mejor financiación con solidaridad finalista y limitada, que respete el principio de ordinalidad, moderno, justo y equilibrado. Artur Mas lo ha rechazado, porque prefiere pasar a la historia como el político que llevó a Cataluña a la división interna, y fuera de España y de Europa. El Partido Popular presentó una enmienda de modificación a esta propuesta de resolución, porque creemos que la prioridad de la legislatura no tiene que ser salir de España, sino salir de la crisis. El objetivo no es crear nuevas fronteras, sino mejorar la financiación de la Generalitat. Proponíamos en la enmienda un pacto estratégico para la creación de empleo y la racionalización de la Administración para ponerla de verdad al servicio de los catalanes.

Proponemos unir esfuerzos y acabar con la división social que ha creado el gobierno ultranacionalista con su deriva radical. Siempre es mejor la opción de la concordia, la moderación, el respeto al derecho, apostar por la convivencia y no por la ruptura. Es posible avanzar en la construcción de una mejor Cataluña, dentro de una mejor España, en el marco del proyecto europeo.