Que España fuese el primer estado que aprobó la Constitución Europea no fue sólo un gesto, sino la constatación de que nuestro país tiene una clara vocación europeísta y un compromiso real con Europa. El posterior rechazo de Francia y Holanda al Tratado Constitucional supuso un freno a la idea de una Europa unida que debe tener, entre sus objetivos fundamentales, el fomento de la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados miembros. En este complicado escenario, la cumbre de Bruselas del pasado fin de semana ha supuesto un avance para desbloquear una situación que derivaba hacia el estancamiento de gran parte de los fines que recogía la Constitución. Hay que destacar el protagonismo que el Gobierno español, con su Presidente José Luís Rodríguez Zapatero a la cabeza, ha asumido para conseguir que se mantenga el 90% del contenido del texto que los españoles aprobaron en referéndum.

En primer lugar señalar que el nuevo Tratado de Reforma de la Unión Europea enmienda los dos tratados constitutivos de Roma y Maastricht que ya fueron modificados en el año 1996 en Ámsterdam y 2000 en Niza. En este nuevo acuerdo se elimina el derecho de veto en 51 materias, algunas de tanta trascendencia como las políticas de justicia e interior y cooperación judicial y criminal, reduciéndose así gran parte de la paralización en la que estaba inmersa la Unión.

Acerca del complejo sistema de votación, se ha impuesto el de doble mayoría (55% de Estados y 65% de población) para aquellos acuerdos que requieran mayoría cualificada que, por exigencia de Polonia, no entrará en vigor hasta 2014, aunque el plazo es prorrogable hasta el 2017.

En lo referente a Política Exterior el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad mantiene todas las competencias previstas en la fallida y además ostentará el cargo de Vicepresidente de la Comisión y dispondrá de un Servicio Exterior.

Asimismo, se garantiza a través de la Carta de Derechos Fundamentales la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, siendo vinculante excepto para el Reino Unido.

Otros puntos destacados de lo acordado en Bruselas son la elección del Presidente del Consejo por mayoría cualificada para un periodo prorrogable de dos años y medio, el aumento de poder de los parlamentos nacionales para exigir a la Comisión Europea un replanteamiento de propuestas en las que se estime que invaden sus competencias y la eliminación del texto, aunque en la práctica seguirán existiendo, de símbolos como la bandera, el himno y la divisa, para evitar cualquier connotación que identifique la Unión Europea como un Estado Federal.

En resumen, un buen acuerdo que contiene fundados elementos para recuperar el optimismo y que demuestra la clara apuesta de España en la permanente y necesaria construcción de Europa.