13 diciembre 2006 12:56 h.
Ahora, las personas dependientes no tienen reconocido ningún derecho a ser atendidos y sólo el 3,5% de los mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, sólo el 2,84% de ellos tienen servicios de teleasistencia, sólo el 0,54% dispone de una plaza en un centro de día, y sólo hay 3,86 plazas por cada 100 dependientes. Situación de abandono e injusticia que el Gobierno de Zapatero va a corregir.
La atención ya no es una responsabilidad exclusiva de las familias, y dentro de las familias de las mujeres, o un servicio del que sólo pueden disfrutar aquellos que puedan pagarlo; ahora es el Estado el que universalizar este derecho para todos los españoles que lo necesiten.
Además de ser una prestación universal y única, todos los españoles, independientemente de su residencia, podrán acceder a los servicios asistenciales, que serán comunes para todo el territorio, pues el Gobierno, junto con las Comunidades, establecen un catálogo de prestaciones y servicios y un baremo para determinar el grado de dependencia.
La Ley entrará en vigor el 1 de Enero y tendrá una aplicación gradual, empezando por los dependientes más afectados. En 2015 podrá proporcionar toda la cobertura asistencial necesaria, dada la cantidad de recursos (materiales y económicos) que hay que poner en marcha para poder atender a todos los dependientes.
En la medida de lo posible, la persona dependiente será atendida en su entorno. Para ellos se establecen desde servicios que promocionan la autonomía personal (como puede ser la teleasistencia, la ayuda domiciliaria bien sea para el hogar o para los cuidados personales, o los centros de día) a los servicios de atención y cuidado (bien a domicilio o en centros residenciales). La Ley contempla la posibilidad de que el dependiente reciba una prestación para contratar un servicio, si éste no está disponible en la red pública o concertada, o incluso esta prestación la reciba el familiar que habitualmente atienda al dependiente, cuando la atención que requiera pueda proporcionársela adecuadamente esta persona.
Para poner en funcionamiento el Sistema Nacional de la Dependencia (SND), el Gobierno ya ha dedicado 50 millones en los presupuestos de 2005 y en 2006, 200 millones de euros, a repartir entre las CCAA, lo que les permitirá ir construyendo las infraestructuras necesarias, acometer programas de formación de personal, etc. Mientras, se concertará con centros privados los servicios que no estén disponibles o sean insuficientes en la red pública, pero se supervisarán para que los parámetros de calidad sean iguales entra la asistencia pública y privada.
El coste total se calcula en 9.355 millones de euros (casi un billón 700 mil millones de las antiguas pesetas), cuando esté completamente desarrollado en 2015, inversión que tendrá que compartir entre el Gobierno central y los autonómicos. El objetivo es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia, a más del 1% en 2015. Los beneficiarios tienen que participar en la financiación del sistema, con una aportación que realizarán en función de su renta y del tipo de prestación. En cualquier caso, ningún dependiente se quedará sin los servicios que necesita para desarrollar su vida cotidiana con normalidad por carecer de recursos económicos. Cuando esté totalmente implantado el SND se habrán creado 300.000 puestos de trabajo directos y varios cientos de miles indirectos.