La hermana del único acusado por el asesinato del alcalde de Fago   indicó hoy ante el tribunal que Santiago Mainar, al que considera una   persona "culta" y "solidaria" es inocente. Marisa Mainar reconoció   que en alguna ocasión su hermano le había comentado que algo podría   ocurrirle al alcalde, debido a los supuestos problemas que tenía con   algunas personas.   

Marisa Mainar declaró hoy en la Audiencia Provincial de Huesca   durante la declaración realizada en la vista oral que se sigue contra   Santiago Mainar, por la muerte de Miguel Grima, hechos ocurridos el   12 de enero de 2009.  

Marisa Mainar reveló que conoció la detención de su hermano a raíz   de la llamada telefónica de una amiga, que había escuchado lo   sucedido por la radio. La hermana del procesado dijo que Santiago   Mainar es una persona "culta", "idealista", "solidaria", que "siempre   ayudaba a la gente", cuya ilusión era el campo y ser ganadero. De su   hermano, aseguró no saber que tenía cataratas y afirmó que no era   cazador.  

A preguntas del abogado de la defensa, Marisa Mainar reconoció que   en alguna ocasión su hermano le había comentado que algo podría   ocurrirle al alcalde, debido a los supuestos problemas que tenía con   algunas personas. En este sentido, la hermana del acusado apostilló   que "él en algún momento manifestó que como Miguel Grima tenía tantos   problemas con tanta gente, algún día habría un problema gordo y lo   encontrarían en una cuneta".   

Según la declaración de Marisa Mainar, su hermano en algunas   ocasiones le habría indicado que el coche del alcalde le   obstaculizaba el paso a su garaje y a su granja, y apuntó que "él   siempre ha dicho que le dejaba el coche mal aparcado delante de la   puerta de su garaje y de la entrada de granja". A esto añadió que   Mainar tenía que apartar el vehículo de Grima para sacar el suyo.  

De esta forma, Marisa Mainar quiso apoyar con su declaración a su   hermano, quien desde un principio ha justificado que el hallazgo de   los restos de su ADN en el coche de Grima se debía a que en ocasiones   se veía obligado apartar el vehículo del alcalde.   

En sus visitas a la cárcel de Zuera, donde está ingresado el único   acusado, Marisa Mainar indicó que su hermano siempre le ha asegurado   que se autoinculpó para "salvar al pueblo". En concreto, Marisa   Mainar dijo que "él quería quitar la presión al pueblo y prefería ser   él quien se cargara este asesinato porque no tenía cargas   familiares".   

 El alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, recibió el pasado mayo un premio en el marco del Salón Ecocity and Industry de Barcelona, por considerar que los proyectos inmobiliarios desarrollados en los barrios en los últimos años eran "un ejemplo de regeneración urbanística".

El alcalde, detenido hoy por un supuesto fraude en adjudicaciones de obras públicas, señaló en declaraciones a un canal local, que recoge ahora Europa Press, que el plan de reforma emprendido en Santa Coloma era un "buen ejemplo" para el resto de municipios.

"Lo que queremos es continuar este trabajo, regenerando la ciudad", aseguró Muñoz hace unos meses al recibir el premio, ocasión que aprovechó también para pedir la participación de "todas las administraciones" en proyectos de este tipo. 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó hoy desencadenar la 'Operación Pretoria', un operativo que hasta el momento se ha saldado con nueve detenciones por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Entre los   detenidos, además del alcalde socialista, se encuentran dos ex altos cargos del gobierno de Jordi Pujol (CiU), el ex conseller Maci   Alavedra y el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat   Lluís Prenafeta, así como dos empresarios de la construcción.   

FEUDO SOCIALISTA  
Santa Coloma de Gramenet, a diez kilómetros de Barcelona, ha sido   tradicionalmente un feudo de la izquierda en Catalunya, con amplias   mayorías conseguidas sin interrupción por el PSC e ICV-EUiA hasta los   años 90 --momento en el que perdió gran parte de su electorado en   beneficio de los socialistas--. De hecho, en las últimas municipales   de 2007, el PSC obtuvo el doble de votos que la suma del resto de   formaciones políticas.   

De este modo, mientras los socialistas obtuvieron más de 20.000   votos, PP e ICV-EUiA cosecharon unos 4.500 cada uno, seguidos de   lejos por los partidos nacionalistas --unos 2.300 votos CiU y 1.300   ERC--. En elecciones autonómicas como el referéndum sobre el nuevo   estatuto catalán de 2006, la abstención se situó en torno al 60 por   ciento del electorado.  

POBLACIÓN INMIGRANTE  
La población de Santa Coloma de Gramenet creció exponencialmente   entre 1950 y 1980 a raíz de la llegada de 50.000 nuevos vecinos   procedentes, en su mayoría, de Andalucía y Extremadura. De hecho, de   los 117.000 habitantes que tenía la localidad en 2008, según datos   del Idescat, más del 30 por ciento siguen siendo nacidos fuera de   Cataluña.  

La composición demográfica actual se completa con la llegada en   los últimos años de más de 20.000 extranjeros procedentes de otros   países, en su mayoría de América del Sur y de Asia, en proporciones   similares. El 16 por ciento de los censados tienen más de 65 años.  

El municipio está considerado en gran medida una ciudad   dormitorio, como atestigua que ya en 2001 los balances de movilidad   del Idescat registraban que cerca del 25 por ciento de la población   salía de la localidad para acudir a trabajar.  

La renta familiar disponible es un 75,8 por ciento de la media del   conjunto de Cataluña y el PIB es de 885,2 millones de euros. Si se   considera que el PIB catalán es 100, el de Santa Coloma se situaría   en un 30,2, lo que atestigua el menor nivel socioeconómico de su   población --menos de 7.000 ciudadanos disponen de alguna titulación   universitaria mientras que unas 4.500 personas no saben leer y unas   16.500 no tienen estudios completados--. 

El presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Antoni Fogué, sustituirá a Bartomeu Muñoz en la alcaldía de Santa Coloma de   Gramenet (Barcelona) tras ser detenido hoy durante la operación   anticorrupción ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar   Garzón por supuestos fraudes en la adjudicación de obras en la   localidad.  
   Según informaron a Europa Press fuentes del PSC, Fogué compaginará   su actual cargo al frente de la Diputación con el de primer edil. Se   da la circunstancia de que Fogué, en la actualidad concejal, es   marido de Manuela de Madre, histórica alcaldesa de la localidad a   quien precisamente sucedió Muñoz en 2002.  
   El relevo de Muñoz, que también es vicepresidente de la Diputación   de Barcelona, se producirá después de que la dirección del PSC haya   anunciado hoy la expulsión del partido de Muñoz si Baltasar Garzón   decide imputarle por los supuestos delitos de tráfico de influencias,   blanqueo de capitales y cohecho.  
   En rueda de prensa, el secretario de Organización de los   socialistas catalanes, José Zaragoza, indicó que tras el nombramiento   de un nuevo alcalde, el partido procederá a nombrar dos comisiones   gestoras de la agrupación de Santa Coloma y la federación socialista   del Barcelons Nord --cuyo secretario primero es Muñoz desde 1981--,  y sus funciones ejecutivas las tomará la Secretaría de Organización   del PSC.   

Agentes de la Policía Nacional trasladaron hoy al alcalde del municipio lucense de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, y a tres   concejales --dos del PSdeG y uno de Terra Galega--, tras un registro efectuado en el consistorio por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José.

Según fuentes municipales, el regidor  y los tres ediles detenidos fueron trasladados en coches patrulla a la comisaría, en Lugo, donde serán interrogados y, posteriormente, se   decidirá sobre su situación procesal.  

Se trata de los concejales socialistas Ana Campo y Antón Balado, dos de los tres con los que cuenta su partido en el municipio. Por su   parte, su compañero de filas Mario Saavedra permanece al margen de   esta situación. A mayores, fue trasladado a comisaría el único edil   con el que cuenta Terra Galega, Roberto Lorenzo.  

Aparte de a estas personas, las fuerzas del orden se han llevado   "mucha documentación" del ayuntamiento, cuyas dependencias han sido   registradas e inspeccionadas desde las 9.30 horas hasta,   aproximadamente, las 14.15 horas. Durante este tiempo, se han   revisado "numerosos expedientes" y se han realizado "cantidad de   fotocopias".  

A mayores, fuentes judiciales informaron a Europa Press de que   estos miembros del Gobierno municipal están siendo investigados por   supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación,   posiblemente relacionados con licencias municipales, en pesquisas que   llevan abiertas "unos dos años". No obstante, PP y BNG consideraron   lo ocurrido esta mañana "una sorpresa".   

"SORPRESA"  
   Para el portavoz del BNG en la localidad lucense, Serafín   Carballo, el registro del consistorio y el posterior traslado del   alcalde y tres ediles supone "una sorpresa", puesto que desconocía la   existencia de una investigación abierta. Por el momento, mostró su   "solidaridad" con los retenidos, con los que comparte gobierno.  

No obstante, la formación frentista permanece al margen de este   caso, puesto que se integró en el Ejecutivo local a principios del   pasado mes de septiembre. 

Por su parte, el portavoz del PP local, Arturo Pereira, vivió   también este operativo como "una sorpresa". "Yo no sabía que hubiera   irregularidades, si lo supiera, lo habría denunciado", aseguró a   Europa Press, tras confirmar que la investigación judicial no parte   de una denuncia de su partido.   

SITUACION  
   Este municipio lucense de casi 5.800 habitantes censados está   gobernado por Juan José Díaz Valiño con cuatro concejales de su   partido apoyados por uno de Terra Galega (TeGa), mientras que los dos   ediles del BNG se integraron en el gobierno de coalición apenas a   principios del pasado mes de septiembre.  

En cuanto al juzgado que lleva el caso, es el mismo que instruye   la causa por un supuesto sobreseimiento irregular de multas en la que   se vieron implicados el ex responsable de la Jefatura Provincial de   Tráfico en Lugo Julio González, y el ex subdelegado del Gobierno en   Lugo Jesús Otero.