La crisis y la “herencia recibida” de los gobiernos autonómicos del PSOE son los paraguas con los que Rajoy y sus dirigentes justifican el recorte de un Estado de Bienestar labrado con esfuerzo desde hace 30 años. Gobiernos como el de Madrid, con Esperanza Aguirre, o el de Murcia, con Ramón Valcárcel, apuestan claramente por el copago en sanidad y cuestionan la gratuidad de la educación pública. En Castilla‐La Mancha, Dolores de Cospedal ha planteado dudas sobre el sistema de prestaciones por desempleo (“habrá que negociar hasta qué punto la tienen que tener todos en la extensión que ahora”). En Baleares, el presidente Bauza, ha sido interpelado por cientos de personas con discapacidad por haber dejado de pagar a los centros y asociaciones que les atienden. En Asturias, el otrora vicepresidente del Gobierno de Aznar, Álvarez Cascos, que gobierna con la formación escindida del PP -Foro Asturias- ha dejado sin pagar a los 78 Ayuntamientos de la Región el dinero correspondiente a educación y políticas sociales, con el que los ayuntamientos financian programas como las Escuelas Infantiles de 0-3 años y los programas de atención domiciliaria enmarcados en la Ley de Dependencia.