Pese a las diferencias entre países, hay una serie de características comunes a todos ellos que permiten identificar al Estado de Bienestar con un sistema de cobertura pública de riesgos involuntarios ante los cuales el ciudadano está desprotegido.

Los tres riesgos que tradicionalmente ha cubierto el Estado de Bienestar son aquellos que impiden al ser humano utilizar su potencial de trabajo como único medio de vida que le hace autosuficiente y, por tanto, libre. Estos son: el riesgo de caer enfermo; el riesgo de perder el empleo; y el “riesgo de envejecer”, entendido como la incertidumbre respecto del momento en el que el envejecimiento minará definitivamente las capacidades físicas y/o intelectuales propias sobre las que se basa la actividad laboral. Si estos riesgos no estuvieran cubiertos mediante un seguro sanitario, un seguro de desempleo y un sistema de pensiones, las personas que sufrieran la materialización de alguno de ellos quedarían en riesgo de exclusión y de marginación.

La cobertura de estos seguros desde el sector público justificó el nacimiento y la consolidación del Estado de Bienestar durante el siglo XX, y constituyen sus tres primeros pilares, a los que se sumó, después, un cuarto pilar para cubrir el riesgo de nacer o quedar discapacitado.

En este grupo de pilares del Estado de Bienestar se suele incluir la educación. No obstante, en sentido estricto, la provisión pública de una educación universal no tiene tanto que ver con la cobertura de ningún riesgo, como por la búsqueda de la igualdad de oportunidades característica de un pensamiento progresista. Desde esa concepción, las desigualdades sociales no se contemplan como diferencias insalvables entre los individuos, como viene a sostener el pensamiento conservador, sino que pueden ser resueltas porque tienen un origen social relacionado con el entorno familiar, intelectual y educativo en el que crecemos.

La cobertura pública de esos riesgos y su carácter involuntario son dos cuestiones importantes a la vista del volumen de gasto público que generan. Los países europeos gastan una media del 23,4% de su producto interior bruto (PIB) en financiar los pilares tradicionales del Estado de Bienestar, sobre todo en sanidad y pensiones (y llegan casi al 30%, si incluimos los gastos en educación).

Dado el volumen de recursos empleados, hay una primera pregunta que responder: ¿por qué debe ser pública la cobertura universal de estos riesgos? En principio, parecería lógico pensar que los riesgos de estar desempleado, enfermar, envejecer o quedar discapacitado podrían ser cubiertos por seguros privados a través de mecanismos de mercado, igual que el seguro del coche nos cubre del riesgo involuntario de tener un accidente. Sin embargo, y al margen de las connotaciones morales que todos comparten, los cuatro riesgos mencionados se enfrentan a fallos de mercado que hacen que su cobertura privada no sea rentable para las empresas en el caso de algunos grupos sociales que, por tanto, quedarían sin protección, como ocurre en países como Estados Unidos (donde un 15% de la población no tiene seguro médico).

Estos fallos de mercado son diversos, según cada pilar del Estado de Bienestar: Sanidad: el fallo clásico que se suele mencionar es el de la selección adversa, que llevaría a los seguros privados a asegurar sólo a las personas con buena salud y dejaría sin cobertura (o con primas prohibitivas) a los ciudadanos con enfermedades crónicas. Y, desde luego, existen problemas por las externalidades negativas sobre la salud pública de la comunidad (en el caso de epidemias), de las que sólo puede ocuparse el Estado.

Desempleo: los fallos de mercado que justifican la provisión pública del seguro de desempleo son similares a los de la sanidad. Al problema potencial de selección adversa, si el seguro fuera privado, se le añade las externalidades negativas que puede provocar el paro laboral derivado en indigencia.

Pensiones y dependencia: en ambos casos, los problemas de selección adversa son muy relevantes, especialmente en el segundo, ya que cuando la discapacidad ocurre y se mantiene con una probabilidad cierta en el tiempo, los seguros privados expulsarían del mercado a los ciudadanos con discapacidades permanentes.

Educación: en el caso de la educación básica dedicada a garantizar la igualdad de oportunidades, el riesgo que hay que asegurar (el de nacer en una familia sin recursos) requiere una acción para la que no existe siquiera un mercado. A esto se añade un problema inicial de restricción al crédito, ya que ningún seguro privado otorgaría créditos educativos hasta que el niño hubiera demostrado su buena capacidad para generar rendimientos futuros con los que devolver el préstamo.

En definitiva, estos fallos de mercado generarían colectivos desatendidos si limitáramos la cobertura a seguros privados. De ahí, la apuesta del Partido Socialista por la universalidad de esa cobertura y la necesidades de que esos seguros sean públicos.

Justo lo contrario de lo que propicia el Partido Popular en los ámbitos en que gobierna y donde está recortando como nunca el Estado de Bienestar. Lo hace, además, mientras afirma lo contrario. Porque ninguno de estos recortes estaba en los programas electorales que los ciudadanos votaron en mayo. Porque, el 27 de mayo de 2010, Mariano Rajoy decía en el Congreso: “Jamás el PP ha planteado recortes de derechos sociales”.

Como ha dicho el ex presidente socialista de Castilla‐La Mancha, José María Barreda, “si en Madrid despiden profesores, en Valencia no pagan la Seguridad Social, en Murcia no pagan a las farmacias. ¿Quién ha dejado esa “HERENCIA ENVENENADA” en las regiones donde ya gobernaba el PP?”