Las organizaciones dedicadas al tráfico de hachís intentan especializarse cada vez más y buscan la manera de burlar la acción policial hasta que topan con ella.El Ministerio de Interior dio a conocer ayer un ejemplo de esta entradilla: el de la operación Celeste.

Con la prohibición que pesa sobre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de realizar declaraciones públicas, ha sido la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) quien ayer salió en defensa de los investigadores de la operación Galgo, a los que la jueza instructora del caso ha ordenado investigar por una supuesta ruptura de la cadena de custodia de alguna de las pruebas.

Los abogados de los agentes de la Guardia Civil que en 2003 fueron detenidos por presunta prevaricación en la frontera del Tarajal en el transcurso de una operación llevada a cabo por Asuntos Internos se han unido en la presentación de un escrito con el que pretenden impugnar la valía de las escuchas telefónicas.

Tras la manifestación del 18 de octubre de 2008 seis agentes fueron sancionados.