Así le ha sido comunicado ya a los responsables del Gobierno ceutí. El presidente Vivas señala que hará todo lo posible para que la propuesta que se defenderá por todo el arco parlamentario de la Asamblea salga adelante.

El consejero de Economía de Melilla, Daniel Conesa, acusó a los socialistas de la ciudad hermana de influir en el voto del grupo parlamentario del partido.

El Gobierno ceutí está estudiando la posibilidad de presentar una iniciativa en el Senado, a través de los parlamentarios en la Cámara Alta, para que se inicie el proceso de admisión de nuestra ciudad en el Comité de las Regiones de la Unión Europea.

Esta misma semana se presentó en el Parlamento Europeo el estudio sobre la evolución de la familia en Europa en 2009. El análisis dejó constancia del fracaso colectivo que supone el aborto en las sociedades del continente y, especialmente, en la española. Nuestro país es  donde más ha crecido el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la Unión Europea. Los casos se han duplicado en diez años y han pasado de unos 62.000 anuales hasta los 115.812 de 2008, lo que supone que se practica uno cada cinco minutos. Obviamente, esta evolución dramática es la consecuencia de una legislación permisiva, de la falta de controles exhaustivos que han convertido la norma en un coladero y también del desarrollo de un relativismo moral fruto de una crisis de valores evidente. Ante ese panorama ya alarmante de por sí, el Gobierno ha apostado por un extremismo abortista con una reforma que convierte el aborto en un derecho y rompe con la doctrina del Tribunal Constitucional, que consagra la protección del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental y constituye un bien jurídico a proteger.  Sencillamente, un disparate más. España no necesita más muerte, sino más vida, y la sociedad, como adecuadamente pudo comprobarse en la última manifestación masiva de Madrid, demanda a los poderes públicos soluciones a los problemas y no que fomenten dramas, cuando no tragedias. Como el Gobierno está muy lejos de tomar partido por la defensa del derecho más básico, el Partido Popular ha decidido llevar a cabo una iniciativa que se esperaba desde hacía tiempo. Su posición beligerante frente a la reforma de la Ley del Aborto era plausible, pero se echaba en falta políticas activas que generaran debate y que demostraran que España tiene mucho margen de mejora en el terreno de la defensa de la vida. En el marco de la Convención Nacional del Partido Popular en Barcelona, Mariano Rajoy avanzó que su formación presentará en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria para proteger la maternidad y ayudar a las mujeres embarazadas. En su exposición de motivos, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el PP entiende con buen criterio que «la sociedad debe valorar la maternidad como un bien social y los poderes públicos han de impulsar todas las medidas que sean posibles en coherencia con este principio». La norma establece «la protección a la maternidad bajo el principio general del interés superior de la madre gestante y del hijo todavía no nacido». El PP contempla importantes reformas legales y articula un marco normativo ambicioso para ofrecer un escenario de atención real a las progenitoras y a sus hijos, que abarcan desde la esfera doméstica a la laboral, pasando por la asistencial. Especialmente interesante nos parece la posibilidad «de la adopción del hijo no nacido con pleno consentimiento de la madre gestante y con las debidas garantías jurídicas», lo que abriría un espacio favorable y supondría una alternativa trascendente al aborto. Creemos también un acierto que el PP especifique que la iniciativa nace con «vocación de consenso», porque hablamos de principios y valores centrales de la sociedad y de la vida. Se establece  también así una diferencia sustancial con la política del Gobierno, que en todo momento ha buscado marginar al PP e ignorar a esa mayoría social que está contra el aborto. La propuesta por la maternidad demuestra que los poderes públicos pueden alentar una cultura de vida si existe voluntad política para ello.