- miércoles 01 mayo 2024
Con el ex primer ministro Dominique de Villepin en el banquillo y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como acusación civil, comenzó hoy en el Tribunal Correccional de París el juicio por uno de los mayores escándalos políticos en Francia.
Los jueces tratarán de aclarar quién y por qué se creó una lista falsa de personalidades, en la que figuraba el propio Sarkozy, con cuentas sospechosas en la entidad financiera luxemburguesa Clearstrem, nombre con el que se ha bautizado el caso.
La instrucción ha desvelado indicios que apuntan a que el ex primer ministro estaba al tanto de la existencia de dicha lista y, según la acusación, no hizo nada al respecto consciente del daño político que podía acarrear a su entonces rival para las presidenciales de 2007 y ahora presidente.
De ahí que De Villepin figure entre los cinco acusados en esta causa por "complicidad en denuncia calumniosa, complicidad en el uso de documentos falsos, ocultación de robo y ocultación de abuso de confianza".
Sin embargo, el ex primer ministro siempre mantuvo que es inocente y que todo esto responde a una maniobra de Sarkozy para desacreditarle.
Hoy mismo, nada más llegar al Tribunal, reiteró que se encuentra en esta situación "por la voluntad de un hombre, por el ensañamiento de un hombre, Nicolas Sarkozy, que es también presidente de la República francesa" y se mostró convencido de que saldrá libre y con su nombre limpio.
El ex primer ministro hacía esta declaración a la prensa antes de sentarse en el banquillo junto a los otros cuatro acusados: el informático y financiero Imad Lahoud, el ex vicepresidente de EADS Jean-Louis Gergorin, el periodista Denis Robert, y el consultor Florian Bourges.
Lahoud es el supuesto autor de las listas falsas de titulares de cuentas supuestamente procedentes de Clearstream que recibieron comisiones ilegales de la venta de fragatas de la empresa francesa Thompson a Taiwán en 1991.
Él fue quien contactó con el vicepresidente de EADS para darle cuenta de la existencia de esos listados de titulares de cuentas en los que, además de Sarkozy, figuraban otras personalidades políticas, empresarios, propietarios de medios de comunicación e incluso la actriz y modelo, Laeticia Casta.
Esas listas llegaron a manos del consultor Florian Bourges que, a su vez, se las pasó al periodista que trabajaba entonces para el diario "Liberation", Denis Robert.
Todos ellos, que podrían ser condenados a 5 años de prisión y a una multa de 375,000 euros, están llamados a declarar para descifrar los entresijos de una trama que saltó a la luz en 2004 y que va mucho más allá de la acérrima enemistad política entre Sarkozy y Villepin, quien está previsto que declare el próximo día 30.
Esta primera sesión del proceso, se centra en la presentación de los acusados, la lectura de los cargos que se les imputan, y en el planteamiento de eventuales irregularidades de procedimiento por parte de los abogados de las partes.
Los defensores de Villepin ya anunciaron su intención de rechazar a Sarkozy como acusación civil, alegando que por el hecho de ser el jefe del Estado puede influir en la decisión de los jueces y, sobre todo, en la de la fiscalía.
La de hoy es solo la primera sesión de un juicio que está previsto que concluya el próximo 23 de octubre y que se celebra en la misma sala del Tribunal de Gran Instancia de París en la que María Antonieta fue condenada a la guillotina.
Además de Villepin, también subirá al estrado en calidad de testigo el general de los servicios secretos, Philippe Rondot, al que el propio ex primer ministro encargó que investigara las listas y quien concluyó que eran falsas.
Otro de los testigos considerados clave es el juez encargado de la instrucción, Renaud Van Ruymbeke, que recibió de forma anónima los polémicos listados, aunque luego Gergorin confesó que él se los había enviado.
A la espera del dictamen de los jueces, Sarkozy ya ha dejado claro que no desistirá hasta que se aclare todo e incluso ha llegado a decir, en privado, que colgará "de un gancho de carnicero al cabrón que ha montado este escándalo" para impedirle ser candidato a la presidencia de la República.
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy; el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown; y la canciller de Alemania, Angela Merkel, han enviado una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, en la que proponen que se celebre una conferencia internacional sobre Afganistán antes de que acabe el año, una vez que los miembros del Gobierno afgano que salga de las elecciones del 20 de agosto tomen posesión de sus cargos.
En su opinión, Afganistán "ha superado una etapa importante de su historia democrática" con las elecciones presidenciales, y "es el momento de que el pueblo afgano constate qué es lo que ha logrado estos últimos años y de estar orgulloso de ello, pero también de mirar al futuro y expresar sus esperanzas y expectativas".
Además, los tres dirigentes subrayan en la misiva, difundida por la Presidencia francesa en un comunicado, que la comunidad internacional debe "evaluar los progresos realizados desde las primeras elecciones presidenciales" --en 2004-- y "los desafíos" que se presentan.
"Como esto coincide con la necesaria renovación del Plan Compacto de Afganistán el año que viene, es una ocasión natural para llamar a la celebración de una conferencia internacional sobre Afganistán antes de que finalice este año, justo después de la instalación del nuevo gobierno afgano", dice la carta.
El Plan Compacto de Afganistán es una serie de compromisos adquiridos en la conferencia de Afganistán celebrada en Londres en 2006 que establecían el marco de la cooperación internacional con el país centroasiático para los siguientes cinco años.
Sarkozy, Brown y Merkel proponen en su carta que la conferencia ministerial sobre Afganistán se base en las celebradas en Bonn (Petersberg), Londres, París y La Haya. "Prolongará la revisión estratégica realizada recientemente por la OTAN sobre la base de la evaluación del comandante de la ISAF", la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (la misión de la Alianza Atlántica en Afganistán), explicaron.
"Juntos, debemos establecer nuevas perspectivas y nuevos objetivos en materia de gobernanza, Estado de Derecho, seguridad y desarrollo económico y social en Afganistán", precisaron los tres dirigentes europeos.
Por otro lado, destacaron la importancia de establecer "nuevos criterios y objetivos temporales para un marco común de la fase de transición", el traspaso de las responsabilidades del ámbito de la seguridad a las autoridades y las fuerzas afganas.
"En este contexto, tendremos que examinar cómo acelerar, incrementar y mejorar la formación de las fuerzas de seguridad afganas y cómo crear lo mejor posible las condiciones locales apropiadas", indicaron.
Esta carta conjunta se hace eco de las declaraciones que han realizado recientemente Merkel y Brown acerca de la necesidad de que las fuerzas extranjeras traspasen el control de la seguridad a los afganos. Asimismo, la canciller alemana apuntó ayer la posibilidad de celebrar una conferencia internacional.
El Ejército británico ha sufrido recientemente un aumento en el número de bajas en Afganistán, y Alemania ha tenido que defenderse de las críticas por el ataque que perpetró la ISAF en Kunduz el viernes pasado, por orden de un comandante alemán, que causó decenas de muertos, muchos de ellos civiles.
A juicio de los tres mandatarios, la conferencia permitirá reafirmar que la comunidad internacional está comprometida con el "objetivo común de un Afganistán que viva en paz y con seguridad y que no se convierta de nuevo en un refugio para los terroristas".
"Deberemos asociarnos lo más rápidamente posible al nuevo gobierno afgano", añadieron. De momento no se ha anunciado oficialmente quién es el ganador de los comicios, pero, con más del 91 por ciento de los votos escrutados, el actual presidente afgano, Hamid Karzai, ya ha superado el 50 por ciento necesario para evitar una segunda vuelta.
Los dirigentes de Francia, Reino Unido y Alemania, que han enviado una copia de la carta al secretario general de la OTAN y a todos los países que tienen tropas en Afganistán, plantearon que la conferencia esté presidida por la ONU y por el Gobierno afgano con el apoyo del país donde se celebre. "Todos los países e instituciones que desempeñan un papel crucial en la reconstrucción, el desarrollo y la estabilización de Afganistán deberán participar", señalaron.