El presidente de la Ciudad, en su condición de presidente también del PP melillense, subrayó ayer, en rueda de prensa, que la reciente Convención que el Partido Popular ha celebrado en Málaga, ha tenido como “conclusión fundamental, la necesidad apremiante y urgente de un gran cambio de Gobierno en España”.
En tal sentido, alabó las bondades de Mariano Rajoy, del que subrayó que está llamado a ser “uno de los grandes jefes de Gobierno” de nuestro país, porque es capaz de “poner sobre la mesa valores fundamentales para ejercer responsabilidades públicas, como son la sensatez y la austeridad”.

Su presidente, Francisco González, asegura que la situación económica actual no es aceptable

España ha acometido en los últimos meses varias y profundas reformas de calado. Para el presidente de BBVA, Francisco González, no son en absoluto suficientes. Queda mucho camino por recorrer. Demasiado. Cree que la situación actual de la economía española "no es aceptable" y requiere de un nuevo plan de reformas, un plan estratégico de modernización que ha de acometer el Gobierno de forma inmediata para sacar a España de esta "situación inaceptable".

El Sistema Nacional de Salud es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Con todas las carencias e inconvenientes que se quieran, los ciudadanos valoran extraordinariamente la Sanidad pública y las prestaciones que dispensa. Si hay coincidencia en la extraordinaria calidad profesional y humana de quienes la integran, también la hay en que su viabilidad financiera está más que amenazada. El Sistema ha sufrido como pocos ámbitos las consecuencias de la recesión. Las secuelas han empujado a la Sanidad a un estado de práctica bancarrota hasta el extremo de que varias comunidades han agotado los recursos y no pueden pagar a los proveedores. La propia Comisión Europea ya advirtió en octubre de que la Sanidad pública corría en España un «serio riesgo» como consecuencia del desequilibrio en las finanzas que ha provocado la importante subida del déficit público. Las autoridades comunitarias apuntaban entonces que el gasto en pensiones y en cuidados sanitarios en general pasará del equivalente al 20% del PIB en 2010 al 28,3% en 2060, lo que convertirá en inviable su prestación. Con esta coyuntura, la realidad es que el Sistema Nacional de Salud está abocado a una encrucijada de compleja solución, pero ante la que es obligado tomar decisiones. La peor opción es la pasividad, el mirar para otro lado o actuar como si la crisis fuera a solucionarse por sí sola. Aunque es cierto que se trata de una competencia traspasada a las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad tiene una responsabilidad que no puede esquivar. El problema es colectivo, es de país, y es urgente que el Gobierno asuma, como lo han hecho buena parte de las autonomías, de los médicos y del resto de los profesionales sanitarios, que se necesita una intervención profunda para salvar un bien social extraordinario. En este sentido, algunas comunidades han avanzado ya por el terreno de unas propuestas que merecen ser tenidas muy en cuenta no sólo por el interés de su contenido, sino también por provenir de gobiernos de distinto signo político, lo que aporta un valor añadido. Como hoy adelanta LA RAZÓN, al menos los consejeros de comunidades tan dispares como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia han mantenido conversaciones para consensuar propuestas que garanticen la sostenibilidad del sistema. Nos parece sumamente significativo que en ese debate se hayan recuperado fórmulas del denominado informe Abril, de 1991, un documento entonces relegado al ostracismo, pero que con el paso de los años ha demostrado su vigencia e interés. Entre las iniciativas que se han manejado están el copago de medicamentos, nuevos precios de referencia, compras centralizadas de fármacos, freno a las duplicaciones innecesarias de pruebas médicas, nuevas fórmulas de gestión sanitaria o copago disuasorio en primaria, entre otras muchas. Algunas concitarán más consenso que otras, pero lo que creemos urgente es que las distintas administraciones trabajen contra reloj por una reforma que no puede esperar y en la que como sociedad nos jugamos demasiado. Obviamente, el Gobierno no puede quedarse al margen, ni por supuesto mediatizar o ralentizar el proceso. Nos preocupa la aparente falta de pulso del Ministerio mientras algunas comunidades han decidido tomar la iniciativa y la delantera. El Gobierno debe incentivar y coordinar el debate y proponer soluciones en un proceso que debería concluir con un gran Pacto de Estado del que nadie puede quedar al margen.